Un tribunal argentino revocó este miércoles el procesamiento contra el exministro de Planificación Federal Julio De Vido (2003-2015), actualmente detenido por presunta corrupción, en el marco de una causa que investiga millonarios subsidios para combustibles a empresas de líneas de autobús entre 2003 y 2014.Según informaron a Efe fuentes del entorno de De Vido, que es diputado pero suspendido en sus funciones, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dispuso su falta de mérito y la de otros imputados, entre ellos varios exsecretarios de transporte, y ordenó al juez de la causa, Claudio Bonadio, continuar con la investigación.
Sin embargo, esta decisión no afecta el arresto de quien fuera ministro del área de Obras Públicas, Transporte y Energía, entre otras ramas, durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015), ya que cumple prisión preventiva desde octubre del año pasado por otras dos causas.
En una se investiga un presunto fraude multimillonario en un proyecto minero en Río Turbio, en la sureña provincia de Santa Cruz, que nunca se llevó a cabo, y otra el presunto pago de sobreprecios en la compra de gas licuado.
En el expediente en el que se ordenó revocar su procesamiento, Bonadio considera que entre julio de 2003 y marzo de 2014 se realizó una «maniobra ilegal» que ocasionó un perjuicio a las arcas del Estado de aproximadamente 609,3 millones de pesos (30,94 millones de dólares al cambio actual).
El juez cree que, «abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban», De Vido y los otros imputados diseñaron un sistema destinado a «permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados».
Ese sistema permitía, según Bonadio, calcular los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los autobuses y, consecuentemente, se terminaran entregando «sistemáticamente» subsidios al gasoil superiores a los correspondientes.
«La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014», agregó el juez en su auto de procesamiento, en julio de 2017.
