Según el documento, los imputados conspiraron -desde 2014 hasta la actualidad- para interferir «con los procesos políticos y electorales de Estados Unidos, incluida la elección presidencial de 2016».
Mueller alega que los miembros del grupo se presentaban como estadounidenses y controlaban cuentas en las redes sociales focalizadas en temas social y políticamente divisivos.
Bajo la dirección de Yevgeny Prigozhin, un aliado cercano de Vladimir Putin, el grupo contactó a un «significativo número» de estadounidenses, según la acusación.
Tenían un «objetivo estratégico de sembrar discordia en el sistema político estadounidense» y a mediados de 2016 apoyaban la campaña de Donald Trump y denigraban a Hillary Clinton.
Por otro lado, el Fiscal General adjunto de Estados Unidos, Rod Rosenstein, admitió que la justicia estadounidense no halló pruebas de que la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 haya tenido algún impacto en el resultado.
«No hay un alegato en los cargos presentados (contra 13 ciudadanos rusos) de que la conducta alegada haya alterado el resultado de la elección de 2016», dijo Rosenstein en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia.
El grupo tenía su sede en la ciudad natal de Putin, San Petersburgo, pero algunos de los acusados viajaban a Estados Unidos.
Las escalas incluían Nevada, California, Nuevo México, Colorado, Illinois, Michigan, Luisiana, Texas, Georgia y Nueva York.
Un operador político estadounidense no identificado establecido en Texas es acusado de instruir al grupo para centrarse en los llamados «estados púrpura» o «bisagra» (swing states), que oscilan entre el apoyo a los republicanos o a los demócratas en las elecciones.
Se cree que «centenares» de personas estuvieron involucrados en la operación, trabajando en turnos, con un presupuesto de millones de dólares.
Sus objetivos eran sitios en las redes sociales, como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Dos de las firmas dijeron tener contratos con el gobierno ruso.