El Ministerio Público inició en abril una investigación de inteligencia, que terminó la madrugada del sábado, a raíz de una denuncia de cuatro mujeres venezolanas que, junto a otra compatriota, habían escapado del centro de diversión Pink Pony Bar.
En el citado negocio las mujeres fueron, presuntamente, víctimas de los delitos de trata de personas y explotación sexual, apuntó un comunicado de prensa del Ministerio Público.
Durante la operación fue arrestado el propietario del citado establecimiento, ubicado en la capital dominicana, y quien se presume dirige la red, identificado como el dominicano-estadounidense Jarvis Guerra Rodríguez, de 39 años.
Asimismo, fue arrestada la representante del negocio, Ángela Isaura Campusano Santos, alias La Morena, La Negra o Deisy, de 33 años, y de nacionalidad dominicana.
Los dos arrestados serán sometidos a la justicia en las próximas horas y que solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que le sea impuesta la prisión preventiva, como medida de coerción.
Los integrantes de dicha organización criminal se dedicaban, presuntamente, a la captación, traslado, acogida y explotación sexual de mujeres de nacionalidad venezolana.
El Ministerio Público señaló que las autoridades también persiguen al dominicano Leudy Rafael Martínez Valdez, de 28 años de edad, por su presunta vinculación a la red.
Según se ha establecido durante la investigación, este se encargaba de supervisar a las víctimas, desempeñaba labores de seguridad y, en ocasiones, y en compañía del propietario del negocio, recogía a las mujeres venezolanas cuando llegaban al aeropuerto.
El órgano a cargo de la investigación explicó que en la residencia de Guerra Rodríguez fueron ocupados varios pasaportes de las venezolanas, los contratos de trabajo, y las cartas de invitación que les hacían hacia la República Dominicana.
Asimismo, sellos gomígrafos, tarjetas de presentación del negocio con imágenes de mujeres semidesnudas, computadoras portátiles, celulares, computadoras de escritorio, varios cuadernos de registro del cobro de las salidas de las mujeres con los clientes y un vehículo marca Toyota del año 2000.
En el bar fueron ocupadas varias porciones de sustancias que se presumen son cocaína (45 gramos) y marihuana (16 gramos), así como documentos donde se registraban las actividades del negocio, carteles de reglas para las chicas, entre otros objetos y documentos.
Además, fue allanada la vivienda de la madre del propietario del negocio, donde el arrestado guardaba documentos relacionados con el Pink Pony Bar, y donde las autoridades también confiscaron títulos de propiedad del negocio y pasaportes de las víctimas.
En los allanamientos practicados por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, también participaron agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (Dncd) y de la Policía Preventiva.
En el transcurso de las pesquisas se han obtenido informaciones de que las mujeres eran obligadas a sostener relaciones sexuales con los clientes y que, después de la huida de las víctimas un miembro de la red intentó llevarse a una de ellas a la fuerza de un centro comercial donde la encontró.
De acuerdo con las investigaciones, las mujeres habrían sido engañadas con falsas promesas para llevarlas al país, y les querían cobrar hasta 2.000 dólares por un pasaje que en realidad cuesta 120.