Tribunal ecuatoriano anula solicitud de pasaportes a venezolanos por 45 días

De igual forma, el tribunal dio un plazo de 45 días al Ministerio de Relaciones Exteriores para que presente un plan, si es que pretende seguir aplicando esa medida.
Gina Benavides, titular de la Defensoría de ese país, argumentó que el Estado ecuatoriano tiene el deber de garantizar los derechos humanos de aquellos que ingresan a esa nación y que el pedirles el pasaporte significa la vulneración de esos derechos.

Urgente| Con la presencia de los proponentes #GinaBenavides, Defensora del Pueblo, y Ernesto Pazmiño @DefensaPublicaE, jueza ACEPTA pedido de “medidas cautelares” propuestas por @DEFENSORIAEC ante la exigencia del Estado ecuatoriano de pedir pasaporte a personas venezolanas #DDHH pic.twitter.com/4Cxy5sevCd

— DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) 24 de agosto de 2018

Audiencia| #GinaBenavides, Defensora del Pueblo, enfatiza que el Estado ecuatoriano está obligado a garantizar el acceso a los derechos humanos de personas venezolanas que están ingresando al país, y no vulnerarlos como lo está haciendo al exigir el pasaporte #EcuadorHumanitario pic.twitter.com/SdO9kSVnZx
— DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) 24 de agosto de 2018

La Defensoría «aplaude esta decisión que lo que hace es reconocer el derecho de las personas, en este caso el derecho de las personas a emigrar», dijo tras la audiencia el abogado Ernesto Pazmiño.
Y agregó que la jueza Judith Naranjo «fundamentó su decisión en el artículo 1 de las Constitución», que establece que «Ecuador es un estado de derecho y justicia».
«Por lo tanto, el Estado y todas sus instituciones tienen un limite en sus decisiones, que son el respeto al derechos humanos», puntualizó.
La decisión de la Corte se produce a menos de veinticuatro horas de que el vecino Perú aplique una medida similar, siguiendo los pasos de Ecuador que la instauró el pasado 17 de agosto.
La intención del Gobierno ecuatoriano era tener un mayor control sobre la migración de venezolanos, pero su decisión fue contestada por la Defensoría del Pueblo como una violación de los derechos humanos.
«Consideramos que este es un triunfo histórico de la justicia y un triunfo histórico de los derechos humanos», insistió Pazmiño, para quien la jueza, lo que ha hecho, es «sumarse al pedido y al clamor de Ecuador y del mundo de que se dé una respuesta humanitaria al tema de la migración», que es un «problema regional».

Naranjo también dio a la Cancillería de Ecuador un plazo de 45 días para que presente un plan de contingencia humanitaria que sirva para hacer frente a los problemas de inmigración, aunque se desconoce por el momento si ambas decisiones están vinculadas.
Pazmiño aseguró que no es así y que lo que la jueza solicitó es un «plan humanitario», pero el Gobierno no podrá volver a instaurar la restricción de los pasaportes bajo ninguna circunstancia.
Por su parte, el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, se mostró «decepcionado» por el fallo pero dijo «respetar» la decisión del poder judicial.
«Nos parece que la jueza ha actuado dentro de sus competencias y tenemos que respetar su decisión. Tendremos que analizarla pero aparte de este respeto a la decisión judicial existe también una decepción por parte de las entidades del Estado que fueron demandadas», afirmó ante los periodistas.
Y justificó la decisión de imponer el pasaporte en que, lo que hace la Cancillería, es «todo lo que puede para mantener una migración controlada, segura y responsable para que los ciudadanos venezolanos puedan insertarse en el Ecuador de la manera correcta».
Con información de EFE]]>