Rusia condenó el 25 de septiembre la nueva tanda de sanciones adoptadas por Estados Unidos contra Venezuela, en particular contra el presidente, Nicolás Maduro, y su círculo más cercano.
«Rechazamos categóricamente la práctica de presionar a Estados soberanos con sanciones, tanto en general, como en este caso contra políticos de la República Bolivariana de Venezuela», dijo Alexandr Schetinin, el jefe del Departamento de América Latina de la Cancillería rusa, a medios locales.
El funcionario aseguró que dicha política «de ninguna manera contribuye a solucionar los desafíos que afronta el país, sino, al contrario, empeora la situación».
Rusia considera que «sólo el pueblo de Venezuela tiene el derecho de elegir por su cuenta su orden político y económico».
El Departamento del Tesoro de EEUU anunció nuevas sanciones económicas contra «el círculo cercano» del presidente de Venezuela, incluidos su esposa, Cilia Flores, la excanciller y actual vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, o el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.
Además, el presidente de EEUU, Donald Trump, aprovechó su intervención ante la Asamblea General de la ONU para pedir ayuda internacional para «restaurar la democracia en Venezuela».
Seguidamente, al reunirse con el presidente colombiano, Iván Duque, Trump aventuró que un golpe militar contra el «régimen represivo» dirigido por Maduro triunfaría «muy rápidamente».
Desde el estallido en 2017 de la crisis política, económica y social en Venezuela, Rusia ha calificado de «inadmisible» la injerencia externa en los asuntos de ese país, el principal aliado del Kremlin en América Latina y gran importador de su armamento.
Rusia ha acusado a Estados Unidos de ejercer presiones políticas sobre Venezuela, advirtiendo de que la desestabilización de ese país sería una amenaza tanto para la democracia venezolana como para toda Latinoamérica.
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"Venezuela rechaza una vez más la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de América de monitorear, tutelar, controlar y manipular la industria petrolera venezolana a través de su política ilegal de imposición de medidas coercitivas y licencias", dijo el canciller Yván Gil al leer un comunicado
La decisión de Maduro pone en una situación crítica a casi medio millón de venezolanos que residen en Ecuador. Ahora no tendrán sede diplomática para solicitar o renovar documentos personales y se tambalea la posibilidad de ejercer su derecho al voto
