Los libaneses parecían decididos este martes a no rendirse, en el sexto día de protestas contra la clase política, pese a las reformas urgentes anunciadas la víspera por el gobierno, que no surtieron efecto tras años de parálisis política.
El martes por la mañana, como si los anuncios nunca hubieran tenido lugar, se levantaron nuevas barricadas en varias vías del centro de Beirut, mientras que por las redes sociales cundían las convocatorias para nuevas concentraciones en distintas ciudades.
Los bancos seguían cerrados y el país continuaba parcialmente paralizado. Un pequeño grupo de voluntarios se afanaba en limpiar el corazón de Beirut, antes de que llegaran los primeros manifestantes del día.
«Estas manifestaciones son una oportunidad para el pueblo. Estaríamos locos si le diéramos una oportunidad al gobierno. ¿Cómo dársela si tuvieron treinta años para actuar?», comentó un anciano a una televisión local en Tiro, una ciudad de mayoría chiita, en el sur del país.
Como ocurriera al final de la guerra civil, en 1990, las infraestructuras del país están en decadencia y los libaneses enfrentan cortes diarios de agua y de electricidad.
La muchedumbre de manifestantes acogió el lunes con una mezcla de escepticismo y de ira los anuncios del primer ministro, Saad Hariri, que presentó un conjunto de medidas contra la corrupción, la promesa de no ordenar nuevos impuestos, un programa de privatizaciones para luchar contra el despilfarro en los servicios públicos y ayudas para los más desfavorecidos.
Pero, en cuanto Hariri terminó su discurso, multitud de manifestantes empezaron a corear los manidos lemas de la contestación que reclaman la dimisión inmediata de toda la clase política: «¡Todos quiere decir todos!».
«El poder se obstina», titulaba este martes el diario Al Ahkbar, que llevaba en portada la foto de un manifestante enmascarado con una bandera libanesa, haciendo la «V» de victoria con los dedos. «Hariri impuso su plan, la calle sigue movilizada», resumía el diario L’Orient Le Jour.
«Escuchando las primeras reacciones, parece que la calle no mordió el anzuelo», explicó el profesor de universidad e investigador en ciencias políticas Karim el Mufti.
Según él, se necesitarían «medidas mucho más radicales», más allá de unos anuncios económicos de urgencia, para convencer a los libaneses, que reclaman «que se comparta verdaderamente la carga en época de crisis» y que el sistema se refunda en profundidad.
Heiko Wimmen, analista para la oenegé International Crisis Group, se expresó en la misa línea. «Se trata de medidas que pueden mejorar la situación presupuestaria del país pero que no están a la altura del desafío planteado por los manifestantes».
La movilización, originada por una nueva tasa a las llamadas que se hicieran a través del servicio de mensajería Whatsapp, tomó desprevenida a la clase política.
La rápida anulación de la tasa no hizo que mermara la ira de la población, que se fue extendiendo por todo el país, incluyendo los bastiones de Hezbolá, adonde normalmente no llega este tipo de protestas.
Consciente de la amplitud del fenómeno, Hariri intentó el lunes calmar los ánimos de los manifestantes, al asegurarles que su plan no era una «moneda de cambio» para frenar la contestación. El gobierno «no pretende pedirles que dejen de manifestarse y de expresar su indignación», declaró.
El martes, la salida del movimiento parecía más incierta que nunca. Para Karim el Mufti, se ha desatado un «pulso» entre la calle y el poder. «La opinión pública se ha sentado a la mesa de los mayores, sin ser invitada, y tiene la intención de quedarse», consideró.
Pero, en su opinión, el movimiento adolece de la falta de líderes capaces de representarlo para discutir sobre una alternativa política. «Si el gobierno, el Parlamento y el presidente no representan a la calle, ¿cuál es la alternativa?», se preguntó. «El vacío no es una opción», añadió.
Haití, el primer país de América Latina y el Caribe en alcanzar su independencia en tiempos de la colonia, padece hoy una crisis sistémica, una suerte de atolladero lo convierte en un “Estado fallido”, condición de la que sólo podrá salir con un apoyo más decidido y compromiso de la comunidad internacional
El gobierno de Nicolás Maduro solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. El argumento era que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial
Gremios de docentes y de otros trabajadores al servicios del Estado demandan la liberación inmediata del profesor Víctor Venegas, preso en Barinas bajo acusaciones de "actividades contra la paz de la República".
