El informe, titulado Eclipse de la Constitución, documenta que el salario mínimo cubrió apenas el 1% de la Canasta Alimentaria Familiar, que el 94,6% de los venezolanos depende del sistema sanitario público y que el 89,9% de los hospitales no tenía medicamentos
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó su informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela correspondiente al año 2025.
Eclipse de la Constitución es el nombre del informe, en el que se documenta que las desapariciones forzadas aumentaron un 196% con respecto a 2024, y que las detenciones por razones políticas crecieron un 102%, superando el promedio de los últimos 17 años.
«Las cifras brutas de detenciones o protestas pueden mostrar un descenso respecto a picos históricos. Esto no se debe a una mejora en las garantías, sino a la eficacia del miedo», indica Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, y autora del prólogo del informe.
Según Provea, el salario mínimo cubrió apenas el 1% de la Canasta Alimentaria Familiar, ubicada en $565 en 2025. El 24,2% de las mujeres en edad reproductiva tiene anemia y 1 de cada 3 personas recurrió a la mendicidad para alimentarse.
Por parte del gobierno, las cajas CLAP solo cubrieron el 20% de los requerimientos alimentarios de las familias venezolanas que las reciben.
El 77% de los ciudadanos venezolanos tiene problemas para recibir agua por las tuberías de su casa. Los estados de Falcón, Zulia, Anzoátegui y Monagas presentaron derrames petroleros. La minería ilegal y legal se expandió en todas las regiones del país a través de grupos criminales en la Amazonía, y el informe indica que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) actuó como cómplice de estos grupos.
Según la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, se prevén más sequías en el territorio, así como inundaciones y problemas con el sistema hidroeléctrico debido al cambio climático.
La UNESCO recomienda destinar el 20% del gasto público al presupuesto educativo. Venezuela alcanzó apenas el 12,8% en 2025. El 63% de los estudiantes no recibió ningún tipo de alimentación escolar durante el año, y los promedios en matemáticas y comprensión lectora se sitúan entre 7,5 y 7,8 puntos, respectivamente.
En un país donde la crisis económica afecta a las familias, los padres con hijos en edad escolar enfrentan dificultades para costear útiles, uniformes y transporte. Además, 37 estudiantes universitarios fueron detenidos o perseguidos por razones políticas en 2025.
El salario mínimo se mantuvo congelado en 130 bolívares durante más de 1.300 días, según el informe. El ingreso mínimo integral subió en mayo de 2025 a $160, cifra que cambió en abril de 2026 cuando la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que pasaría a $240. Sin embargo, estos beneficios se distribuyen a través del Sistema Patria, el cual no cubre a toda la sociedad venezolana y no se refleja en las prestaciones laborales, pensiones ni seguro social.
El 34,1% de los trabajadores se desempeña en el sector informal, y la brecha entre quienes perciben bolívares y quienes reciben ingresos en divisas se profundiza cada vez más.
Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar y Zulia fueron los estados más afectados por la ocupación de grupos paramilitares como las FARC. Se registró la expansión de la minería con complicidad de la FANB, y se reportaron fallecidos en las zonas mineras por derrumbes, contaminación por mercurio e impunidad en los asesinatos de guardianes de territorios.
Pueblos como los waraos fueron afectados por la migración forzada hacia territorios fronterizos en Colombia, Brasil y Trinidad y Tobago. Muchas de estas comunidades no tienen acceso a servicios públicos básicos como agua potable, electricidad o transporte. Y el censo de población indígena no ha sido actualizado desde 2011. Muchos no pueden renovar su cédula de identidad por falta de partidas de nacimiento.
El informe concluye que el Estado venezolano no tiene capacidad de dimensionar la situación actual de los pueblos indígenas.
En 2025 se registraron más de 90.000 denuncias sobre violaciones al derecho a la salud, el quinto año consecutivo con esas cifras. Sin embargo, el presupuesto del Estado para salud fue de apenas el 4,24% del gasto público.
El 94,6% de los venezolanos depende del sistema sanitario público, pero el 89,9% de los hospitales reportó no tener medicamentos, el 88,5% no tenía insumos básicos y el 87,7% carecía de equipos médicos.
El presupuesto de seguridad social descendió al 2,5%, porcentaje que cubre únicamente a los pensionados. Las coberturas por maternidad, accidentes laborales o enfermedad no están siendo atendidas.
Las protestas registradas en 2024 cayeron un 43,51% debido a la represión y el persecusión política.
El informe registra 659 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal en 2025, que incluyen torturas, amenazas, hostigamiento y tratos crueles. El 76,02% de las víctimas fueron hombres y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) fue señalado como responsable en el 18,38% de los casos.
42 personas reportaron haber sido víctimas de tortura, lo que representa una disminución del 30% respecto a 2024. Otros 463 detenidos registraron tratos crueles por negativa de atención sanitaria o visitas familiares.
La impunidad institucional persiste: más de 800 funcionarios de seguridad han sido condenados según el Ministerio Público, pero no se han informado sus delitos ni su vinculación con violaciones de derechos humanos.
El 2025 fue el segundo año consecutivo con más detenciones políticas. De las 596 personas registradas por presuntas violaciones a la libertad personal, más del 80% correspondió a detenciones por motivos políticos y el 11% involucró a niños, niñas y adolescentes.
Desde el inicio del gobierno de Nicolás Maduro, el informe de Provea documenta 10.853 personas asesinadas por agentes del Estado. En 2025 se registró una reducción del 35,8% respecto a 2024. El 76% de estas ejecuciones ocurrió a plena luz del día y el 54% de las víctimas tenía entre 18 y 30 años.
Según el índice de Estado de Derecho de World Justice Project, Venezuela está en el último puesto de 143 países, por detrás de países como Camboya, Myanmar y Haití. Un pronóstico que ha durado 10 años consecutivos.
Por otra parte, el informe indica cómo se utilizó la Ley contra el Fascismo como una herramienta de represión. El documento reseña casos específicos de ciudadanos condenados a 15 años de prisión por reclamar un retrasos o averías en los servicios públicos a través de grupos de WhatsApp, aplicaciones del Estado como VenApp o redes sociales como Tik Tok.
17.481 personas se registraron hacinadas en centros de detención, el 35% de ellos lleva entre dos a tres años sin condena alguna ni traslado a prisiones. El informe indica que más de la mitad de la población de la cárcel no tiene una sentencia definitiva.
También la persecución a periodistas o economistas ha persistido. Al menos cuatro periodistas fueron detenidos en enero del 2025. Y economistas que han hecho mención al precio del dólar paralelo han sido señalados y criminalizados por el gobierno.
Aquí puedes leer el informe completo:
https://provea.org/wp-content/uploads/2026/05/Provea-2025-15Justicia.pdf
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