Gobierno boliviano acusa a Morales de terrorismo y sedición
Las penas por terrorismo en Bolivia comprenden de 15 a 20 años de prisión y la sedición está penada con 1 a 3 años de cárcel
Internacionales
El Gobierno interino de Bolivia acusó este viernes formalmente a Evo Morales de delitos como terrorismo y sedición, con base en pruebas como un video en el que se atribuye su voz para incitar a bloqueos de ciudades en el país.
La denuncia contra Morales, asilado en México, fue presentada en la Fiscalía de La Paz por el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
Denuncia contra Morales
El ministro dijo a los medios que el Gobierno provisional de Jeanine Áñez pide las máximas penas por estos delitos.
Las penas por terrorismo en Bolivia van de 15 a 20 años de prisión y la sedición está penada con 1 a 3 años de cárcel.
«Las pruebas están claras», defendió Murillo, en referencia a un video en que se escucha una voz atribuida a Morales, cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes
La voz, por teléfono supuestamente desde México, incita a un dirigente cocalero en Bolivia a mantener bloqueadas las ciudades.
«Evo dice que maten a los bolivianos haciendo cerco a las ciudades», exclamó el ministro, para denunciar que «esa es la verdadera cara, el verdadero rostro » de Morales.
La denuncia es también contra el exministro de Presidencia Juan Ramón Quintana, en paradero desconocido.
El titular de Gobierno recordó que Quintana amenazó con que Bolivia se convertiría en «un nuevo Vietnam».
La situación en Bolivia
Murillo aseguró que el 70 por ciento de Bolivia no presenta conflictos, pues se localizan especialmente en puntos como el Chapare, una zona cocalera donde se dio a conocer Evo Morales como sindicalista antes de llegar al poder, donde mantiene muchos seguidores.
Además de Senkata, un punto de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde afines a Morales protestan frente a una refinería.
El ministro afirmó que se intenta «agotar la vía del diálogo» con los manifestantes antes de emplear la fuerza para levantar bloqueos.
El Gobierno de Áñez no prevé medidas excepcionales para afrontar las protestas, porque «prácticamente todo está controlado», aseveró.
Investigación en la Fiscalía
Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo en una rueda de prensa que el Ministerio Público ya investiga la veracidad del video que se atribuye a Morales.
Para ello pidió a la Cancillería de Bolivia que contacte con la de México por si necesita su apoyo.
La investigación incluye pruebas periciales para determinar la veracidad de la voz, además de que se ha solicitado a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de Bolivia que informe si el teléfono desde el que supuestamente habla Evo Morales desde México es del Estado boliviano.
Si fuera así, podría incurrir en un uso indebido de bienes del Estado.
La Policía Boliviana localizó en la región oriental de Santa Cruz el celular en el que se descubrió el video con la conversación entre un dirigente cocalero y supuestamente Evo Morales, recordó el fiscal.
