Investigadores estadounidenses tomaron la audaz decisión de intervenir las conversaciones telefónicas de un supervisor retirado de la oficina de la DEA en Miami al investigar posibles filtraciones de información confidencial a los abogados de presuntos narcos en Colombia, dijeron agentes.
La investigación, en medio de una sucesión de escándalos en la agencia antidrogas de Estados Unidos, ha remecido los círculos estrechos y altamente competitivos de defensores de los narcos debido a los fuertes vínculos del exsupervisor Manny Recio con agencias federales y abogados del sector privado.
El FBI intervino los teléfonos de Recio durante al menos tres meses el año pasado cuando trabajaba como investigador privado para los abogados defensores, un paso extraordinario que requiere la autorización de un juez federal y los niveles más altos del Departamento de Justicia. Los agentes también incautaron y analizaron el teléfono celular de Recio.
Fiscales federales en Nueva York se negaron a hacer declaraciones, y un agente policial en activo familiarizado con la investigación dijo que el foco es el flujo de información entre la DEA y abogados en Miami que representan a presuntos narcotraficantes y lavadores de dinero colombianos. Uno de esos abogados es Luis Guerra, quien contrató a Recio como investigador poco después de su retiro de la DEA en 2018.
Los agentes, que hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de una causa abierta, dijeron que la investigación se concentra en la interacción de Recio con abogados y agentes de la DEA con los que trabajó, en particular el agente John Costanzo, a quien también se le incautó el teléfono.
Phil Reizenstein, abogado de Miami que representa a Recio, señaló que la Fiscalía Federal en Manhattan le dijo a fines del año pasado que este no era objeto de una investigación criminal ni se había convocado a un jurado de instrucción para investigarlo.
“He revisado el trabajo de Manny en varios casos. Siempre me pareció impecable y no tengo dudas de que jamás hizo algo que siquiera se aproximara a la ilegalidad”, dijo Reizenstein. “Dedicó su carrera a la DEA. Se ha sometido a los estándares más elevados y los mismos ideales respetuosos de la ley en su trabajo privado”.
Guerra y Costanzo se negaron a hacer declaraciones.
Las escuchas telefónicas bajo la disposición llamada Título III requieren la autorización de un juez federal cada 30 días.
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