Fiscal de Corte Penal pide seguir procesos a graves crímenes del régimen venezolano

El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim A. A. Khan KC pidió este martes 1 de noviembre una orden de autorización para reanudar las investigaciones sobre la «Situación en Venezuela» y los crímenes de lesa humanidad que se atribuyen al régimen chavista encabezado por Nicolás Maduro.

De esta manera el fiscal rechaza una petición formulada en abril por el gobierno de Maduro de que se detenga esta investigación que involucra a toda la cadena de mando en crímenes de lesa humanidad cometidos principalmente desde 2014 y 2017 contra ciudadanos venezolanos por el propio Estado.

Según informa el propio fiscal en un comunicado oficial y en un informe razonado, el hecho de que el propio gobierno venezolano se haya comprometido a investigar los casos no inhibe al Fiscal Khan a seguir adelante con su investigación.

«Tras una evaluación objetiva e independiente de una cantidad considerable de información proporcionada hasta la fecha por Venezuela (el gobierno) así como por otras fuentes fidedignas, he llegado a la conclusión de que la inhibición que Venezuela solicita no está justificada en la fase actual, y que se debería autorizar la reanudación de la investigación», dice el comunicado.

El tono diplomático y conciliador de este comunicado contrasta con los hallazgos reportados en el informe que sustenta la petición.

“Como se ha señalado, la Fiscalía concluyó que había una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores percibidos o reales del Gobierno Venezolano fueron perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin ninguna base legal; cientos fueron torturados; y más de 100 fueron sometidos a formas de violencia sexual (incluida la violación)», señala.

«Durante el examen de esta información, mi Fiscalía ha tomado nota de los considerables esfuerzos realizados por el Gobierno de Venezuela para compartir información sobre actuaciones nacionales», y reconoce que las autoridades venezolanas han emprendido varias reformas legales para abordar diversas cuestiones estructurales.

«No obstante, la evaluación independiente y objetiva realizada por mi Fiscalía lleva a la conclusión de que en la actualidad estos esfuerzos y reformas son insuficientes en su alcance o no han tenido aún unas consecuencias palpables en actuaciones que pudieran ser pertinentes», explica.

«El 67,86% de los casos (606 casos denunciados) están en fase de investigación preliminar a pesar de que la presunta
criminalidad haya ocurrido principalmente en 2017; el 10,53% de los casos (94 casos) han sido archivados definitivamente sin constancia de investigación previa, y en el 85,55% de los casos (764 casos), el alcance fáctico de la investigación interna no está claro o no se ha identificado ningún sospechoso identificado», dice sobre los esfuerzos del régimen de Maduro para investigarse a sí mismo.

Señala que bajo el principio de complementariedad del Estatuto de Roma la responsabilidad principal respecto de la investigación y el enjuiciamiento genuinos de los crímenes de la competencia de la Corte recae sobre los propios Estados.

«Ello no obstante, la jurisprudencia de la Corte no deja lugar a dudas: la complementariedad se ha de evaluar sobre la base de los hechos existentes, no sobre los que se podrían materializar en el futuro. La pregunta a la que ha de responder la Corte es si en estos momentos, en esta fase tan inicial, la Fiscalía se debería inhibir en su totalidad de su competencia para la investigación de esta situación sobre la base de la solicitud de inhibición presentada por Venezuela».

Corresponde ahora a la Sala de Cuestiones Preliminares tomar una decisión acerca del procedimiento a seguir, explica.

«Sea cual fuere el resultado, mantengo mi compromiso con la interacción y el diálogo, con miras explorar vías que nos permitan cooperar para asegurar que se haga justicia a las víctimas en Venezuela», agrega.

Por qué seguir investigando

En un documento también fechado hoy el Fiscal expone las razones por las cuales la investigación debe seguir en manos de su Oficina y no debería inhibirse, y por qué no está justificada la solicitud de aplazamiento presentada por el gobierno venezolano en abril pasado ante la propia Sala de Cuestiones Preliminares.

«Al aplicar este marco jurídico al material de aplazamiento, la Fiscalía ha realizado una evaluación independiente y objetiva y ha llegado a la conclusión de que la solicitud de aplazamiento no está justificada en esta fase. Por lo tanto, se debe autorizar a la Fiscalía a reanudar su investigación», expone.

La Fiscalía ha analizado «con gran detenimiento» toda la información proporcionada por el propio gobierno de Venezuela para determinar si se ha justificado la existencia de un procedimiento interno (investigación por parte del propio chavismo).

Explica que de los 893 casos reportados por el gobierno sólo 265 casos (29,68% del total) contienen alguna información básica (en forma de «Resumen») en relación con la cuestión de la existencia de procedimientos internos pertinentes.

Se facilitan copias de los expedientes judiciales de 177 de estos casos (19,82% del total). El Gobierno de Venezuela no ha fundamentado su solicitud con respecto a 628 (70,32%) de los casos denunciados, para los que sólo se proporcionaron gráficos.

«A pesar de estas limitaciones, la Fiscalía ha evaluado los 893 casos denunciados y, basándose en en la información proporcionada, concluyó que, en la actualidad, los procedimientos venezolanos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía», de la Corte Penal Internacional.

Con la propia informacion oficial del gobierno de Venezuela la Fiscalía ha identificado 28 casos en los que se han tomado medidas de investigación progresivas con respecto a los individuos nombrados por los crímenes por los que fueron buscados. Un aplazamiento de investigación no se justifica en estos casos.

«La información disponible muestra que los patrones y los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad no se están investigando», en Venezuela.

«Los procedimientos nacionales se centran en los autores directos (y, aparentemente, en los miembros de bajo nivel de las fuerzas de seguridad del Estado) y en los de las fuerzas de seguridad del Estado) y, en su mayoría, en delitos calificados como de gravedad, mientras que una parte sustancial de la criminalidad relevante no está siendo investigada en absoluto».

En particular, sólo el 7,61% de los casos se refieren a delitos identificados por la Fiscalía durante la etapa preliminar.

Además, teniendo en cuenta las escasas medidas de investigación adoptadas, las investigaciones nacionales no se consideran investigaciones progresivas.

«Es significativo que El 67,86% de los casos (606 casos) se encuentran en una fase de investigación preliminar a pesar de que la presunta criminalidad haya ocurrido principalmente en 2017. El 10,53% de los casos (94 casos) han sido
archivados definitivamente sin constancia de investigación previa, y en el 85,55% de los casos (764 casos), el alcance fáctico de la investigación interna no está claro o no se ha identificado ningún sospechoso».

«En caso de que la Sala decida evaluar la autenticidad de los procedimientos internos, la Fiscalía sostiene respetuosamente que los procedimientos no satisfacen los criterios de autenticidad. La calificación jurídica de los hechos no refleja en gran medida la gravedad de la conducta en cuestión, y las medidas de investigación adoptadas son inadecuadas para establecer los hechos y la responsabilidad penal de los delitos. Además, se han producido retrasos injustificados en
los procedimientos», agrega.

En una aparente alusión a las promesas del propio gobierno de Maduro, de investigar los hechos, el informe del Fiscal señala que con la información disponible hoy y pese a medidas recientes adoptadas por el gobierno venezolano, «éstas parecen tener un alcance limitado y no abordan las consideraciones relacionadas con la autenticidad de los procedimientos».

«La Fiscalía también sigue comprometida a apoyar los esfuerzos de Venezuela para garantizar la administración efectiva de
justicia. No obstante, la admisibilidad debe ser evaluada sobre la base de de los hechos tal y como existen, no como podrían materializarse en el futuro», recalca.