Ya no sabemos si la corrupción es un delito o una pauta publicitaria de una fructuosa industria de mercadeo político. Sabemos que está de moda, que sirve para todo y que, por lo general, los denunciantes la practican tanto o más que los denunciados.
Hugo Chávez subió al poder con la promesa de exterminar el mal de la corrupción y constituir un poder moral compuesto por hombres excelsos y virginales que se elevarían por encima de todos los vicios y pasiones humanas. Los honrados y honrosos diputados de la Asamblea Nacional le dieron poderes especiales a Nicolás Maduro por medio de una Ley Habilitante para luchar en contra de la corrupción. Ahora, un año después, para que no se diga que la corrupción no fue más que una excusa para concentrar el poder, el Presidente de la República pomposamente decreta una reforma de la ley anticorrupción que contará con un distinguido Cuerpo Nacional contra la Corrupción y una Policía Nacional Anticorrupción. El único problema es que la revolucionaria ley es contraria a todos los criterios y prácticas que internacionalmente se recomiendan para luchar en contra de la corrupción.
La paradoja empieza con la centralización del poder. En todos los países, pero sobre todo en Venezuela donde las máximas riquezas de la nación son monopolio del Estado, el Poder Ejecutivo es el que mayor supervisión y control requiere. Es obvio que el zorro no debe cuidar las gallinas y que cualquier organismo anti corrupción debe ser independiente del gobierno. En nuestra heroica cruzada contra el mal de la viveza criolla, el Cuerpo Nacional Anticorrupción dependerá de la Presidencia de la República, el mismo poder ejecutivo que personificado en un solo hombre maneja el FONDEM y la mayor parte de los recursos del país sin ningún tipo de vigilancia ni auditoría.
La lucha contemporánea en contra de la corrupción se fundamenta en la transparencia, en la traslucidez y claridad de la cuentas y procesos de los gobiernos. Las sociedades más honradas son las más transparentes, aquellas en que todo lo que sucede en el aparato del Estado está a la vista y bajo el control de los ciudadanos. La flamante ley de Maduro postula, sin embargo, el “carácter secreto, reservado o de divulgación limitada de información, hecho o circunstancia que en cumplimiento de sus funciones se tenga conocimiento por parte del Cuerpo Nacional Anticorrupción”. Se me hace que la discrecionalidad arbitraria del Cuerpo Nacional Anticorrupción servirá para torcer el brazo de las personas adversas al gobierno.
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