En medio de una caótica y abultada difusión en redes sociales, principalmente, de mentiras y verdades sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y su impacto sobre el poder político en Venezuela, acá tratamos de separar la paja del trigo sobre este polémico tema
Lo único cierto es que el reciente despliegue de fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos en el Mar Caribe ha generado un acalorado debate sobre las intenciones del gobierno de Donald Trump en relación con Venezuela.
Para no pocos, estamos en presencia del preludio de una acción armada estadounidense dentro de territorio venezolano. Para tratar de medir los alcances de lo que ha estado sucediendo, recurrimos a consultar análisis de observadores externos no partidistas y entidades dedicadas al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe. Spoiler: todos estos movimientos, inusuales sin duda, no sugieren necesariamente que habrá una acción militar directa, como el uso de drones, el desembarco de marines o la extracción de Nicolás Maduro.
Podríamos estar en presencia de una estrategia, que ciertamente lo es, de ejercer una presión máxima sobre la cúpula del poder en Venezuela, a partir de un cambio sustantivo en el discurso oficial estadounidense. La Casa Blanca pasó de una narrativa centrada en la defensa de la democracia y la crítica al deterioro democrático, a una que califica al gobierno venezolano como un actor criminal y narcotraficante.
Este cambio no debe entenderse, necesariamente, como una luz verde para un desembarco de marines.
El despliegue naval y aéreo de Estados Unidos se presenta oficialmente como una operación antidrogas destinada a contrarrestar a los carteles de narcotráfico latinoamericanos, con un énfasis particular en el Cártel de los Soles. Para Washington, el Cártel de los Soles es una organización criminal presuntamente liderada por altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, este grupo, habría corrompido instituciones clave del país para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, en colaboración con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. La designación del Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en julio de 2025 refuerza esta narrativa, al señalar a Maduro y otros líderes del chavismo como responsables directos de estas actividades.
Sin embargo, InSight Crime, una fundación especializada en el análisis del crimen organizado en América Latina, ha cuestionado la precisión de esta caracterización. Según su informe, las sanciones y la narrativa de Estados Unidos ofrecen una imagen distorsionada de los alcances reales del Cártel de los Soles, sugiriendo que la organización podría no ser una estructura criminal cohesiva, sino más bien una red de actores corruptos dentro del gobierno que se benefician del narcotráfico de manera oportunista. Bajo esta perspectiva, Estados Unidos podría tener una mirada errada de cómo opera la estructura criminal en Venezuela y su estrategia eventualmente podría fallar.
A pesar de las especulaciones iniciales sobre una posible intervención militar, varias fuentes que siguen el conflicto desde fuera de Venezuela, coinciden en que el despliegue naval no busca una acción armada directa en territorio venezolano, como el uso de drones, el desembarco de marines o la extracción de Nicolás Maduro. En cambio, el objetivo principal parece ser ejercer una presión máxima mediante una combinación de medidas económicas, diplomáticas y simbólicas, respaldadas por una presencia militar intimidatoria en la región.
El despliegue naval, según reportes de medios como la agencia Reuters, tiene como propósito principal interrumpir las rutas marítimas utilizadas para el tráfico de drogas, particularmente la cocaína que transita desde Colombia a través de Venezuela hacia Estados Unidos y Europa. La presencia de buques y aviones en el Caribe es una demostración de fuerza destinada a disuadir las operaciones ilícitas y aumentar el costo político y económico para la permanencia de Nicolás Maduro en el poder.
Además, el cambio en el discurso oficial estadounidense, que ahora enfatiza el carácter criminal del gobierno venezolano en lugar de su deterioro democrático, busca deslegitimar al chavismo en el ámbito internacional.
No podemos olvidar que ya hubo una política, bautizada entonces de “presión máxima” durante los años del primer mandato de Donald Trump (2017-2021). Bajo la referencia política central, entonces, de Juan Guaidó, Estados Unidos centraba su crítica en la falta de elecciones libres y el autoritarismo de Maduro.
En cambio, en la narrativa actual se califica al gobierno como un “cártel narcoterrorista”, junto a una narrativa estadounidense que raya en lo visceral. Si nos guiamos por lo señalado por diversos voceros de la actual administración, existe efectivamente un conjunto de medidas más agresivas (aumento de la recompensa sobre Maduro, sanciones económicas a empresas no estadounidenses y el inusual despliegue militar), pero esto no debe traducirse en que necesariamente ocurrirá una intervención de tropas de EEUU.
Finalmente, en el argot de los conflictos internacionales se dice que “lo rusos también juegan”, una frase que proviene de la Guerra Fría y que justamente sostenía que Moscú también movía sus piezas, pese al mayor poderío que fue adquiriendo EEUU tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Este despliegue naval podría no lograr resultados concretos. La historia reciente, como las sanciones impuestas desde 2017 y los intentos fallidos de una transición encabezada por Guaidó en 2019, junto a la presión que rodeó a las elecciones del año pasado, nos dicen que el chavismo tiene capacidad de adaptarse a la presión internacional, sin que hasta ahora hayan ocurrido fisuras significativas en la cúpula que controla el poder.
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