Participar en organizaciones civiles comunitarias o políticas apoyando a la Plataforma Unitaria opositora, puede ser motivo de persecución, detención y hasta apertura de un juicio por traición a la patria. La ONG CEPAZ documentó más de 2 mil casos en tres años
Funcionarios encapuchados detuvieron a Franklin Chacón, integrante del Comando con Venezuela, el 26 de junio. Esto ocurrió en el sector La Palmita del municipio Panamericano del estado Táchira. Franklin estaba organizando el apoyo para la visita de María Corina Machado a la entidad. Su detención se agrega a otras tantas de dirigentes comunitarios que participan en la campaña electoral en diferentes regiones del país.
A ese tipo de detenciones arbitrarias, que no se rigen por las leyes y desconocen el derecho a la defensa, se suman las de transportistas, motorizados, dueños de equipos de sonido y de aquellos que presten asistencia en las giras; además de los decomisos de sus instrumentos de trabajo y también cierres de negocios que atiendan al equipo de Machado y Edmundo González, el candidato de la Plataforma Unitaria.
Esto se ha incrementado en el segundo trimestre de 2024 a propósito del impacto en la población que ha tenido la candidatura de la Unidad y la alianza de Machado y González.
El informe “10 Años de persecución en Venezuela: La consolidación de un sistema sofisticado de represión” presentado por la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró que en los primeros tres meses de 2024 hubo 141 casos de persecución y criminalización contra opositores.
En la medida en que la campaña electoral se desarrolla, también se intensificó la persecución contra dirigentes y personas que apoyen a la Plataforma Unitaria. El mayor ejemplo de esto fue la medida de órdenes de captura contra casi todo el comando de dirección de Vente Venezuela, seis de ellos refugiados en la embajada de Argentina desde finales de marzo, incluyendo a la jefe de campaña, Magali Meda.
El informe de Cepaz fue presentado el 25 de junio por Beatriz Borges, directora ejecutiva; Nicole Hernández, investigadora; y Faisal Yamil Meneses, coordinador legal de la organización civil. Al presentar las cifras de la investigación, Hernández destacó que 2024 ha sido el período más oscuro en persecución y criminalización que se ha vivido en los últimos diez años.
El informe sostiene que la política de persecución y criminalización que existe en Venezuela se entiende como el conjunto de acciones represivas que, por la forma sistemática y reiterada en la que se desarrollan, se puede determinar que responden a patrones establecidos: “Son ejercidas por el gobierno a través del uso indebido del poder del Estado y el control de las instituciones, y se encuentran dirigidas a un individuo o un grupo de individuos que el gobierno considera enemigos a sus fines, basados en la permanencia indefinida en el poder”.
A pesar de que el Estado venezolano ha sido objeto de múltiples evaluaciones y ha recibido recomendaciones de mecanismos internacionales para afrontar y contrarrestar las falencias estructurales que han conducido al país a la “Emergencia Humanitaria Compleja” y al cuadro de graves violaciones a los derechos humanos, la implementación de estas recomendaciones ha sido nula o extremadamente limitada, señala el estudio de CEPAZ.
A partir del año 2021, frente a una política de Estado encaminada a la agudización de la aplicación de patrones que persiguen y criminalizan a los actores del espacio cívico, Cepaz decidió realizar mensualmente el monitoreo que venía ejecutando desde 2014.
Desde enero de 2021 hasta marzo de 2024 Cepaz documentó 2 mil 098 casos de persecución y criminalización, 186 actos ocurrieron contra organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos, 730 contra personas vinculadas con la política, 472 contra la población, 701 contra trabajadores de la comunicación y 9 contra universidades.
Casos de persecución y criminalización (anuales)
La instituciones y organizaciones del Estado forman parte del complejo sistema de persecución y criminalización contra los ciudadanos. El estudio de Cepaz detalla desde cuáles organismos públicos se efectuaron los casos monitoreados.
Entre los 2 mil 098 casos estudiados de los últimos tres años destaca que 571 se efectuaron mediante acción de fuerzas de seguridad del Estado; 255 casos se aplicaron desde la Asamblea Nacional de 2020; 566 casos por funcionarios del Estado en los que se incluyen alcaldes, gobernadores, ministros y trabajadores públicos; 133 desde el Poder Judicial; 74 desde el Ministerio Público; 46 desde el Poder Ejecutivo; 39 desde la Contraloría General de la República y 167 por parte personas adeptas al gobierno.
Entre las acciones más recurrentes se encuentran 881 casos de amenazas y hostigamiento; 205 detenciones arbitrarias; 49 inhabilitaciones políticas; 6 invalidaciones de partidos políticos; 3 muertes bajo custodia del Estado (presos políticos); 168 procesos judiciales; 31 presos políticos trasladados arbitrariamente; 1 asesinato por negligencia del Estado.
Cepaz comenzó el seguimiento riguroso de casos de persecuciones y criminalización a raíz de las intensas movilizaciones que se produjeron en 2014, luego de un proceso electoral muy cuestionado.
A través de un análisis de 35 casos emblemáticos se encontraron violaciones a los derechos humanos y se concluyó que no se trataba de hechos aislados sino que respondían a una estrategia deliberada de persecución en un intento de silenciar a la disidencia.
Entre otras acciones destacaron la apertura de procesamientos judiciales, allanamientos irregulares, inhabilitaciones políticas y allanamiento de inmunidad parlamentaria.
El informe de 2015 amplió la mirada más allá de los líderes políticos de la oposición, poniendo en evidencia que la persecución también se extiende a otros grupos. Entre las víctimas identificadas se encuentran estudiantes y activistas, organizaciones no gubernamentales y periodistas.
En el año 2016 y el primer semestre de 2017 fueron documentados 1.138 casos. El año 2017 estuvo marcado por una agenda de protesta social motivada por la crisis económica, social y política. Estas manifestaciones, que buscaban reclamar derechos básicos y expresar el descontento generalizado de la población, fueron recibidas con un incremento significativo en la represión y persecución por parte del gobierno, con el uso desproporcionado de la fuerza y la implementación de tácticas represivas muy duras para silenciar las voces disidentes.
Durante este período se detectaron nuevos patrones de persecución entre los que destacaron: apertura de procedimientos judiciales ante tribunales militares; anulación de pasaportes; persecución a familiares; destitución y apertura de procedimientos contra alcaldes.
En ese período se registraron 101 casos de activistas atacados mediante amenazas y declaraciones agraviantes; 726 civiles fueron juzgados por tribunales militares; 286 violaciones a la libertad de expresión; 12 alcaldes fueron destituidos; se registraron 10 casos de anulación de pasaportes y 3 casos de persecución a familiares.
El estudio destaca un evento crucial en el año 2017 que significó la estocada final a la institucionalidad democrática: las sentencias Nº 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las cuales estuvieron desprovistas de las mínimas garantías legales y constitucionales.
Las sentencias desconocieron las atribuciones de la Asamblea Nacional electa en 2015 con una mayoría opositora. “Estas decisiones del TSJ marcaron un punto de inflexión en la crisis política e institucional de Venezuela, ya que minaron profundamente la legitimidad y la función del poder legislativo, consolidando el control del ejecutivo sobre el sistema judicial”, apunta el informe.
Durante el periodo parlamentario de 2015-2020, la Asamblea Nacional sufrió constantes ataques por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En este periodo se registraron 119 sentencias emanadas del TSJ, con las cuales el gobierno asumió el control absoluto del Parlamento. “Estas sentencias fueron instrumentales para socavar la autoridad legislativa y consolidar el poder Ejecutivo, eliminando cualquier vestigio de separación de poderes”, sostiene Cepaz.
La disolución de facto del parlamento estuvo, por supuesto, acompañada de una feroz arremetida contra los diputados opositores.
Los patrones de persecución documentados durante este periodo incluyen inhabilitaciones políticas, apertura de procedimientos judiciales ante tribunales militares, anulación de pasaportes, prohibiciones de salida del país, persecución contra familiares de los diputados, allanamiento a la inmunidad parlamentaria, aquiescencia de actos violentos contra los parlamentarios, detenciones arbitrarias y allanamiento a la propiedad privada.
El hostigamiento y amenazas llevaron a 33 diputados a exiliarse y a otros 3 a refugiarse permanentemente en embajadas. Esto representa un subregistro ya que muchos casos no fueron denunciados públicamente.
La amplia documentación de años de persecución y criminalización recopilada por Cepaz, en sus conclusiones, subraya la naturaleza sistemática de la represión en Venezuela.Pero al mismo tiempo el informe sirve como testimonio de la crisis en derechos humanos que se ha mantenido por una década en el país.
“También se convierte en un llamado urgente a la comunidad internacional a trabajar de manera coordinada frente a la crisis de múltiples dimensiones que aqueja a la población venezolana por al menos una década, y al Estado a detener la persecución y establecer mecanismos efectivos para la búsqueda de justicia, la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas y sus familiares”.
Como llamado principal Cepaz hace partícipes a los organismos internacionales a que “mantengan y fortalezcan sus mandatos de monitoreo, protección e investigación sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, asegurando la continuidad de mecanismos independientes como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU”.
Sin embargo, a medida en que avanza la campaña electoral que ya entra en su etapa final, ocurre todo lo contrario: más persecución, más hostigamiento.
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