Delcy Rodríguez y el "nuevo momento político"

Delcy Rodríguez dio su primer mensaje desde las afueras del Palacio de Miraflores -donde muchos políticos dieron declaraciones en los años previos al chavismo- y de forma simbólica respondió a las especulaciones sobre enfrentamientos internos al mostrarse escoltada por su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, y por Diosdado Cabello, ministro de Interior.

Rodríguez anunció lo que describió como el inicio de un «nuevo momento político» en Venezuela, caracterizado por la apertura a las diferencias ideológicas y la promoción de la convivencia nacional.

«Ya hemos liberado a 406 personas y el mensaje es muy claro. El mensaje es el de un país que se abre a un nuevo momento político que permite el entendimiento a pesar de las diferencias y desacuerdos políticos e ideológicos», declaró, subrayando que esta medida es un gesto concreto hacia la reconciliación.

Sin entrar en el contraste de cifras que de forma valiosa hacen las ONG de derechos humanos, una solicitud concreta a la nueva jefa de Estado incluye que sea su gobierno quien ofrezca una lista oficial de excarcelados. Una cifra por sí sola no parece ser suficiente dada la disparidad de datos en la propia comunicación oficial.

El énfasis en la liberación de presos políticos fue uno de los pilares centrales de su intervención. Según Rodríguez, el proceso de excarcelación está en marcha y excluye a individuos involucrados en delitos graves como homicidio o narcotráfico, mientras se evalúan casos relacionados con violaciones al orden constitucional o incitación al odio.

Sin embargo, en una primera mirada a las palabras de Rodríguez, parece necesario que para alcanzar ese «nuevo momento» desde Miraflores se trascienda el discurso retórico y se materialice en una verdadera apertura política. Para ello es preciso que este nuevo gobierno, formado por quienes estaban en el gabinete de Nicolás Maduro, adopte medidas adicionales que aborden las raíces estructurales de la polarización y la crisis institucional.

En el corto plazo, uno de los obstáculos más evidentes para lograr esta convivencia es el mantenimiento del estado de conmoción exterior, una figura jurídica contemplada en la Constitución venezolana (artículo 338) que permite al Ejecutivo decretar estados de excepción en casos de conmoción interior o exterior que amenacen la seguridad nacional. Si se quiere retomar una normalidad en Venezuela, sostener un estado de conmoción no parece la mejor receta.

En el contexto actual, marcado por la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, todo apunta a que esa conmoción externa ya pasó y por tanto el levantamiento de cualquier estado de excepción vigente sería un paso indispensable para demostrar credibilidad. La persistencia de tales medidas perpetúa un clima de inestabilidad política, impidiendo la normalización de las instituciones y el diálogo genuino entre actores ideológicamente opuestos.

Sin este desmantelamiento, las declaraciones de apertura corren el riesgo de ser percibidas como meras tácticas para ganar tiempo ante la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, que ha delineado un plan de tres fases para la estabilización de Venezuela que incluye el control de ingresos petroleros y una eventual transición política.

Más allá de la liberación de presos políticos y el levantamiento del estado de conmoción, medios de prensa y análisis internacional sugieren que el gobierno interino debe priorizar al menos dos medidas adicionales para consolidar un proceso de apertura política sostenible. La primera de ellas es comprometerse con la realización de elecciones libres y transparentes, con supervisión internacional, para restaurar la legitimidad democrática en Venezuela.

Sin que sea necesario anunciar comicios en el corto plazo, la condición de interino o temporal del gobierno de Delcy Rodríguez ganaría margen de respeto por los venezolanos si sostuviera públicamente su intención de que todo este proceso conduzca a unas nuevas elecciones.

Analistas de centros estadounidenses adelantan que sin elecciones el régimen chavista remanente –aún intacto en gran medida– no logrará desvincularse de la percepción de autoritarismo que rodeó a Maduro, y la oposición, liderada por figuras como María Corina Machado, quedará marginada.

The New York Times ha enfatizado que posponer comicios indefinidamente socava la soberanía popular, un pilar esencial para cualquier reconciliación, y podría exacerbar tensiones internas en un país donde la gente en su mayoría quiere una resolución democrática y pacífica a lo que ha sido una crisis institucional extendida.

La segunda medida crucial, según opiniones de analistas financieros, es la apertura económica, particularmente en el sector petrolero, para fomentar la inversión extranjera de Estados Unidos y Europa.

En la primera reunión de Donald Trump con las petroleras estadounidenses quedó en claro que estas firmas demandan reglas de juego claras y seguridad jurídica para volver masivamente a Venezuela. Esto pasa por decisiones que deberán tomarse entre los dos poderes principales, el ejecutivo y el legislativo, que de forma inédita en nuestra historia están en manos de dos hermanos.

En este nuevo escenario que plantea la presidenta interina Delcy Rodríguez, levantar el estado de conmoción, manifestar su disposición a que haya elecciones y abrir la economía con seguridades a la inversión extranjera, son decisiones políticas de envergadura. Si se avanza en esa dirección tendríamos efectivamente el nuevo momento político que se ha anunciado hoy 14 de enero desde el Palacio de Miraflores.