Cada semana, en promedio, hubo 5 mensajes de descrédito u ofensa por parte de funcionarios gubernamentales en Twitter en contra de periodistas y medios de comunicación considerados divergentes.
Así se desprende de un estudio divulgado este domingo por el capítulo venezolano del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), en el que estudia los contenidos de centenares de tuits publicados por 26 funcionarios del poder nacional, regional y local, entre enero de 2013 a mayo de 2015.
La medición, denominada “Agravios oficiales en 140 caracteres”, se fundamenta en determinar los mensajes de agravio, publicaciones tendientes a criminalizar, amenazar, intimidar, presionar y descalificar a medios, periodistas y trabajadores los medios de comunicación.
Según este estudio, “han sido recurrentes los mensajes de intimidación que buscan inhibir la deliberación democrática. Desde sus perfiles en Twitter los funcionarios gubernamentales han insistido en dirigir acciones administrativas y amenazas penales contra medios de comunicación y periodistas”.
Ipys asegura que menos 99,5% de los mensajes estudiados fueron publicados en Twitter por funcionarios del Gobierno y activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El otro 0,5% son publicaciones de alcaldes y gobernadores de partidos de oposición, miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El estudio afirma que al menos 16 funcionarios y militantes del PSUV utilizaron la red social para acusar a los medios privados de generar «paranoia», «zozobra», y de ser los responsables de una «guerra mediática» y una «guerra económica».
Estos funcionarios también utilizaron la red para hacer proselitismo a favor de la tolda roja.
Por el lado opositor, Ipys añade que dos políticos publicaron tuits para ironizar sobre el trabajo hacen algunos medios privados que recientemente han cambiado de línea editorial para favorecer al gobierno.
Durante el mismo período que realizó la medición, Ipys Venezuela también reportó 773 casos de violaciones a la libertad de expresión en todo el país, que estuvieron relacionadas con el uso abusivo del poder del Estado en materia de libertad de expresión.
“Los 26 funcionarios públicos aparecen como responsables en 114 de estos casos, lo que representa 15% del total de incidentes”, añadió la ONG.
Ránking de agraviantes
Ipys aprovecha el estudio para realizar un ránking de los funcionarios públicos que más utilizaron Twitter para publicar mensajes agraviantes contra periodistas y medios de comunicación.
El director de Conatel, William Castillo, es el primero de este ranking, acumuló 64% del total de mensajes agraviantes emitidos por funcionarios gubernamentales a través de sus cuentas en Twitter.
“Entre enero de 2013 y mayo 2015 el director de Conatel publicó 439 mensajes en desmedro del ejercicio libre y plural del periodismo, una profesión que dentro de cualquier democracia debe ser entendida como una fuerza de contrapoder”, asegura la organización.
El segundo lugar de la tabla lo ocupa la actual canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, con 58 tuits publicados, mientras el vicepresidente Jorge Arreaza, alcanza el tercer puesto con 24 mensajes.
El cuarto lugar lo ocupa el presidente Nicolás Maduro con 23 tuits dirigidos contra periodistas y medios de comunicación. “En este mismo lapso, (Maduro) fue responsable de 39 casos de violaciones de la libertad de expresión, según los datos de Ipys Venezuela. Esta cifra lo convierte en el funcionario de esta lista con más casos atribuidos”.
Comentarios de gobernadores
La ONG hace mención especial a los mensajes publicados por gobernadores oficialistas y la oposición. Reseña las ofensas de algunos gobernadores como Tareck el Aissami (Aragua) o el opositor Henrique Capriles (Miranda), quien cuestionó la cobertura periodística de un medio digital.
El discurso oficial
En el estudio, Ipys Venezuela identifica 5 rasgos, distinguen al discurso oficial en la red Twitter:
1.Amplifican el discurso proselitista del Partido Socialista Unido de Venezuela
2.Insisten en decir que sí hay logros del gobierno pero que los medios no los muestran
3. Culpan a los medios divergentes de los problemas del país, como la escasez, el desabastecimiento, la crisis en salud y la criminalidad
4. Sostienen que los medios privados tienen una supuesta «guerra mediática» y «guerra psicológica» en contra del gobierno
5. Alientan a denunciar y a demandar a los medios de comunicación que mantienen una línea editorial crítica en relación a la gestión gubernamental
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