Las ONG especialistas en Derechos Humanos denunciaron que el Metro de Caracas cierre solo durante las marchas opositoras, lo que evidencia actos discriminatorios violatorios de la Constitución Nacional.
Las ONG Espacio Público, Provea, Acceso a la Justicia y el especialista en Derechos Humanos, Gregorio Riera, interpusieron este jueves 5 de mayo, una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia contra Ricardo Molina, Ministro de Transporte Terrestre, y contra Gerardo Molina, presidente del Metro de Caracas, por el «cierre sistemático y arbitrario» del servicio subterráneo.
Espacio Público denunció que «durante los días de manifestación pro-oficialismo, el servicio del Metro de Caracas ha estado generalmente operativo en su totalidad; sin embargo, durante los días de manifestación pro-oposición el Metro ha suspendido el servicio en diversas estaciones», indican en un comunicado de prensa.
Los cierres, de acuerdo con las ONG, evidencian actos discriminatorios que restringen la movilización de opositores, lo que viola artículos 21, 53, 57, 62 y 68 de la Constitución Nacional.
«Es mayor, con creces, el perjuicio que se causa con esta medida de suspensión del servicio a todos los usuarios del Metro, en comparación con el aparente beneficio que aporta dicha medida”, reza la demanda.
Además, reclamaron que el Metro apoye abiertamente la gestión del presidente Nicolás Maduro. «Como servicio público de transporte, el Metro de Caracas debe funcionar institucionalmente, para todos los venezolanos y venezolanas sin distingo político».]]>
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