La Asamblea Nacional aprobó hoy un acuerdo de rechazo de las sanciones que el Congreso de los EE.UU contra funcionarios venezolanos que Washington acusa de violar los derechos humanos durante las protestas de principios de año
El Senado y la Cámara de Representantes de los EE.UU. aprobaron en las últimas fechas normas que se encuentran a la espera de la firma del presidente de EE.UU., Barack Obama, y que conllevarían la negación de visados y la congelación de activos de funcionarios venezolanos acusados por la Administración estadounidense de violar derechos humanos.
El documento aprobado por el Parlamento recoge también el apoyo de la Asamblea Nacional al Ejecutivo venezolano «en todas las acciones que lleve a cabo para exigir respeto al principio de no injerencia y la soberanía nacional así como en todas aquellas medidas que en reciprocidad se deban implementar».
El acuerdo debatido en la sede del Legislativo «condena y desconoce» el texto aprobado en EE.UU., cuyo contenido, afirma, «pretende absurdamente sancionar a funcionarios venezolanos fuera de nuestro territorio, por constituirse un nuevo acto de intromisión en los asuntos internos».
Además, la AN aprobó la conformación de un comité de juristas para llevar ante los tribunales internacionales «por crímenes de guerra a todos los imperialistas que han bombardeado y destruido a los pueblos hermanos».
Para el diputado oficialista Jesús Cepeda el texto aprobado por el Congreso de EE.UU. es un «proyecto violatorio» de la «sagrada autonomía» venezolana y detrás del mismo se encuentra el «capitalismo internacional».
«No tienen autoridad moral para hacer reclamos de ninguna naturaleza contra Venezuela», aseguró Cepeda en referencia al Gobierno estadounidense y al informe divulgado hace unos días por el Senado de EE.UU. en el que indicaba que la Agencia Nacional de Inteligencia (CIA) llevó a cabo interrogatorios «más brutales» de lo que admitió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Para el también oficialista Yul Jabour, con el texto aprobado por la Cámara de Representantes en EE.UU. «se ha embestido una vez más, ha habido una nueva agresión del imperialismo norteamericano», contra Venezuela.
En cambio, el diputado opositor Juan Pablo García aseguró durante su turno de palabra que son los funcionarios señalados por EE.UU. «los que tienen que responder por la violación de los derechos humanos» y que no es el país en su totalidad quien ha de hacerlo.
«No se puede confundir al pueblo, no hay sanciones ningunas contra el país, son contra estos funcionarios violadores de los derechos humanos», recordó.
En parecidos términos se expresó el también opositor Hermes García, quien solicitó a los diputados oficialistas no salir a defender a los compañeros «corruptos».
«No sean falsos, que ellos se defiendan compañeros (…) el Gobierno y el pueblo de Venezuela no puede presentarse para defender corruptos, que se defiendan ellos», sostuvo
La "Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares" fue presentada por Delcy Rodríguez, quien explicó que consta de cuatro capítulos y 30 artículos. Entre las prohibiciones del capítulo dos se incluyó "la constitución de organizaciones sociales o con fines políticos que se fundamenten en el fascismo" y también un apartado especial para regular redes sociales
"Consulta Popular" del proyecto de Ley que fiscaliza y regula la actividad de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela arrancó este viernes con énfasis en presunciones de que estas entidades sirven para financiar a partidos políticos opositores, reciben fondos del imperialismo, lavan dinero y son una amenaza para el sistema.
Sin incidencia en las decisiones reales, sin capacidad de dictar leyes que se vayan a ejecutar realmente y sin sentido político de la oportunidad, al menos, para estar presentes en los debates de fondo del país, esta Asamblea Nacional-2015 es una triste entelequia
