El cierre del paso fronterizo por tres municipios zulianos y el decreto de estado de excepción en la zona se realiza a veinte días de que se tomaran estas mismas medidas en una parte de los límites con Colombia desde el estado Táchira.
La frontera con Colombia en el norte del estado venezolano Zulia amaneció bajo una lluvia de promesas por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, que ofrecen una mejoría en la calidad de vida de los habitantes de la región, en especial de la comunidad indígena.
El cierre del paso fronterizo por tres municipios zulianos y el decreto de estado de excepción en la zona se realiza a veinte días de que se tomaran estas mismas medidas en una parte de los límites con Colombia desde el estado Táchira (suroeste) bajo idénticos argumentos de lucha contra el contrabando y el paramilitarismo.
El cese del contrabando de alimentos desde Venezuela hasta Colombia, la reaparición de los productos escasos, así como el fin de la violencia que genera «el paramilitarismo» son parte de las promesas que el oficialismo ha asegurado que se cumplirán con esta determinación.
El gobernador del estado Zulia, el oficialista Francisco Arias Cárdenas, dijo hoy que esta decisión es «para beneficio del pueblo» zuliano y apuntó que, a tan solo horas de la puesta en marcha de esta intervención, «ya comienzan a verse los cambios» en «el propio Maracaibo», capital de la entidad y segunda ciudad del país.
«Ya comienzan a disminuir las colas en las gasolineras, paulatinamente, comienzan a ser más moderadas las colas en los abastos y en los supermercados», aseguró y señaló que estos controles beneficiarán al pueblo indígena Wayúu que constituye la mayoría poblacional en la zona sometida al estado de excepción.
Arias defendió la «refundación de la frontera» que, asegura, se inicia con esta medida e invitó a los habitantes del Zulia a un foro que se realizará este viernes para debatir sobre este «renacimiento» de la zona.
Según el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, el pueblo Wayúu y en especial sus líderes han estado «absolutamente de acuerdo» con el cierre del paso fronterizo y el decreto de estado de excepción.
«Nos reportan absoluta paz, absoluta tranquilidad e incluso nos dicen que el pueblo se les ha acercado, les ha agradecido o le han enviado su agradecimiento al presidente Maduro por las medidas que ha adoptado», dijo Arreaza.
El jefe de Estado, por su parte, dijo ayer a través de su cuenta en Twitter que los pueblos de Venezuela y Colombia ya no aceptan que la zona fronteriza esté «plagada» de delitos.
«Los pueblos no aceptamos más que la frontera esté plagada de paramilitares, contrabando masivo, narcotráfico, etc. Queremos Paz y Vida», dijo, al tiempo que invitó, al igual que Arias, a un debate público «nacional e internacional» sobre «la construcción de una nueva frontera de paz, convivencia, respeto y productiva».
El 19 de agosto Maduro ordenó el cierre de una franja de la frontera con Colombia de cerca de 100 kilómetros en el estado Táchira, nueve días después otra de 60, y ayer de otros tres municipios del norte de Zulia, dos de ellos fronterizos, que abarcan cerca de 140 kilómetros más.
El total de la frontera terrestre con Colombia es de 2.219 kilómetros, la mayoría selvática en los estados Amazonas y Apure, situados al sur de Zulia y Táchira.
Las medidas en el Zulia fueron oficializadas este martes con su publicación en Gaceta Oficial, donde se señala que se decretó «el estado de excepción en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla».
En el escrito oficial se indica que estas acciones fueron tomadas «dadas las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social».
Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en un comunicado la constitucionalidad del decreto y subrayó que su propósito «es impedir la extensión o prolongación de la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción organizado a diversas escalas».
Además, el TSJ sostuvo que el decreto tiene como objetivo impedir «la violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos» al contrabando «que trasgreden el orden público, la seguridad y defensa, así como la soberanía alimentaria y económica de la zona fronteriza».
Por su parte, la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazó hoy el decreto de estado de excepción en el Zulia por considerarlo «inadecuado» y llamó a los gobiernos de Colombia y Venezuela a dialogar para encontrar una solución a la problemática fronteriza.
El dos veces candidato presidencial y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, insistió esta jornada en que las medidas fronterizas del Gobierno tienen un fin «electoral» de cara a los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre.
Desde el inicio de la crisis fronteriza 1.467 colombianos han sido repatriados mientras que 18.619 han abandonado voluntariamente Venezuela, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), con datos a 7 de septiembre.
La decisión de Maduro pone en una situación crítica a casi medio millón de venezolanos que residen en Ecuador. Ahora no tendrán sede diplomática para solicitar o renovar documentos personales y se tambalea la posibilidad de ejercer su derecho al voto
El pasado 13 de abril, Nicolás Maduro aseguró que la pena de cadena perpetua sería para "corruptos y traidores de la patria". Para ello, buscará impulsar la reforma de la Constitución, que hasta ahora solo admite una pena máxima de 30 años. ¿Qué hay detrás de esto?
El lunes pasado, Petro criticó la inhabilitación de opositores de cara a las presidenciales venezolanas. A diferencia de Estados Unidos y algunos otros gobiernos de América Latina, el presidente colombiano había evitado cuestionar los comicios
