Susana Barreiros es la jueza que condenó a casi 14 años de cárcel al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, en un proceso que fue cuestionado por defensores de los derechos humanos y por el propio fiscal acusador Franklin Nieves, hoy asilado en Estados Unidos.
La jueza Susana Barreiros, encargada del caso de Lepoldo López, fue nominada en la sesión de este jueves de la Asamblea Nacional saliente para ocupar el cargo de Defensor Público General y la designación fue aprobada «por unanimidad» de la bancada oficialista, que detenta la mayoría simple.
Los candidatos suplentes son Ignacio Ramírez y Carlos Medina, pero la designación de la jueza ya estaba cantada.
El defensor se encarga de «garantizar el derecho constitucional de toda persona de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses legítimos», según lo estipulado en los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública.
Los cargos seleccionados tendrán vigencia durante los próximos 7 años.
La sesión la dirige el diputado Diosdado Cabello, quien ratificó la decisión del oficialismo de designar además a los magistrados que faltan en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La actual Asamblea, dijo el capitán Cabello, seguirá legislando hasta el 4 de febrero «a las 12 de la noche».
Saab presentó un video de Samark López, mano derecha de El Aissami, en el que explicaba cómo era la supuesta participación de Leopoldo López y Julio Borges en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto y pidió extraditarlos
Saab presentó supuestas pruebas de las alianzas entre el representante de El Aissami, Samark López, y los opositores. Una de las grabaciones, implica a James Story, exembajador de Estados Unidos para Venezuela, y también se habla de la "Operación Gedeon". Leopoldo López le respondió y asegura que también hay grabaciones de Saab
La "Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares" fue presentada por Delcy Rodríguez, quien explicó que consta de cuatro capítulos y 30 artículos. Entre las prohibiciones del capítulo dos se incluyó "la constitución de organizaciones sociales o con fines políticos que se fundamenten en el fascismo" y también un apartado especial para regular redes sociales
