Venezuela amaneció este viernes sumida en dos emergencias nacionales -la alimentaria y la económica-, decretadas por el Parlamento y el Tribunal Supremo, respectivamente, que chocan de nuevo por los poderes extraordinarios otorgados al presidente Nicolás Maduro para gobernar por decreto.
El nuevo enfrentamiento legal ocurrió el jueves cuando la Sala Constitucional del Supremo decidió poner en vigencia la emergencia económica solicitada por el Ejecutivo, que había sido rechazada por la mayoría opositora del legislativo semanas atrás.
Diputados de la oposición y expertos constitucionales advirtieron que Venezuela afronta un «Estado de Excepción» con la sentencia del TSJ al desconocer los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, violando los acuerdos internacionales suscritos sobre derechos civiles.
La sentencia “abre en este momento un momento muy complicado para Venezuela” porque “aquí está subvertido el orden constitucional y hay un desconocimiento de la voluntad popular y la separación de poderes”, afirmó el abogado constitucionalista Gerardo Blyde.
El también alcalde del municipio Baruta de Caracas aseveró que la decisión de la Sala Constitucional representa “una castración a las propiedades y competencias constitucionales que tiene la Asamblea Nacional”.
José Guerra, diputado opositor por Caracas, aseguró que la AN se hará respetar ante las decisiones del máximo tribunal con decisiones que serán tomadas en las próximas horas.
«Si esto no es un golpe contra la Asamblea Nacional por parte del TSJ, habrá que buscar un nombre más adecuado”, aseguró el diputado en declaraciones al canal Globovisión.
Al defender la decisión de la Asamblea en haber rechazado la emergencia económica en los plazos legales establecidos, Guerra afirmó que “estamos ante una violación de la Constitución por el TSJ (…) La AN cumplió con el lapso establecido para aprobar o no el decreto”.
Guerra también recordó que el aval del TSJ al decreto solicitado por Maduro tiene un mes de vigencia “y el país no puede asumir las medidas” económicas que en su opinión busca Miraflores para acabar con la inflación más alta del mundo, la caída de los precios petroleros y la parálisis del aparato productivo.
La emergencia económica da carta blanca a Maduro para confiscar propiedades a las empresas privadas, intervenir en los sistemas de distribución de los centros productivos e imponer un «corralito financiero» a los gastos diarios de los venezolanos, según la interpretación de los opositores.
Sin ahondar en detalles, la sentencia del Tribunal Supremo también se ordena al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, a comparecer junto al Contralor, la Fiscal y el Defensor del Pueblo a la sede del máximo tribunal.
Juan Miguel Matheus, diputado y experto constitucionalista, aseguró que la sentencia de la Sala Constitucional tiene motivaciones políticas y no jurídicas.
«Maduro ordenó al TSJ violar la Constitución y declarar que el Decreto de Emergencia Económica está vigente», manifestó el experto, quien afirmó que el Tribunal niega el carácter vinculante del control político de la Asamblea Nacional.
-Emergencia para paliar la «hambruna»-
El dictamen del Tribunal Supremo se conoció horas después de que la AN decretara la «emergencia alimentaria» que insta a Maduro a buscar «ayuda humanitaria» en organismos internacionales para prevenir una «hambruna» a raíz de la aguda escasez de alimentos.
En un acuerdo, la oposición le pidió al Ejecutivo presentarle «medidas provisionales destinadas a requerir ayuda humanitaria a organismos internacionales, que buscan prevenir se materialice la amenaza de hambruna descrita» en el acuerdo.
También llama al Gobierno a requerir a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que envíe una comisión a Venezuela para que «evalúe los riesgos de la salud alimentaria».
Antes de ser emitida la sentencia a la opinión pública, el diputado oficialista Ricardo Molina, planteó que una «emergencia alimentaria» podría habilitar al Ejecutivo a disponer de «todos los expendios y unidades de producción», entre ellas, Empresas Polar, la mayor corporación privada de alimentos del país.
El legislador negó que en Venezuela haya una crisis de alimentos y reiteró el discurso chavista de que la escasez de productos obedece a una «guerra económica».
Julio Borges, jefe de la bancada opositora en la AN, anunció que la próxima semana, el legislativo debatirá sobre la crisis energética que vive el país y que ha obligado al Gobierno a imponer un nuevo racionamiento eléctrico en el consumo de centros comerciales y hoteles. Este es el tercer racionamiento nacional que aplica en los últimos seis años.
La danta no solo forma parte de las historias fantásticas de los pueblos originarios de Venezuela, sino que su existencia genera uno de los servicios ecológicos más importantes para el ambiente. La Fundación Guarenas Repano y otros conservacionistas comprobaron que muchas aún habitan El Ávila y desde 2021 no han parado de cuidarlas y registrar su aporte al parque nacional a través del proyecto "La danta en el Waraira Repano"
Colombia publicó la resolución 2231 en junio 2021, la cual permite a los venezolanos entrar, transitar y permanecer en el país con el pasaporte vencido
La reapertura de Zara Sambil Chacao es un hecho. En El Estímulo asistimos para conocer la nueva versión de tienda, las colecciones y los precios. En esta nota lo mostramos
