Contraloría investiga a ministros activos por corrupción

El Contralor General de la República, Manuel Galindo, aseguró este jueves que hay ministros y exministros del país que están siendo investigados por hechos de corrupción, sin embargo, no quiso dar nombres.
«Sigo sosteniendo mi criterio ético del respeto a la integridad de la persona. Pero la investigación no significa que pueda ser culpable o no. ¿Qué sucede? Los hay porque manejaron recursos del Estado. Estamos investigando los recursos que se designaron para la construcción de viviendas. Hay ministros anteriores, actuales y hay mucho personal administrativo».
Entrevistado durante el programa Vladimir a la 1 que transmite Globovisión, Galindo aclaró que en el informe definitivo, dependiendo de los hallazgos, se determinará si se aplica responsabilidad o no.
El Contralor también afirmó que «en todos los rubros» y «casos emblemáticos» del país están investigando, mencionando entre ellos vivienda, alimentación, salud y vialidad, entre algunos.
«La base, la existencia principal de la corrupción está centrada en la necesidadd de fortalecer los valores morales (…) El solo hecho de desviar bienes, allí hay corrupción», dijo.
Refirió que la Contraloría está haciendo investigaciones «muy a fondo» respecto a contrataciones públicas a nivel nacional y sin distingo alguno. «Es una gestión muy joven. En un año no se logra terminar un procedimiento».
Casos «emblemáticos»
El Contralor también aseguró que el organismo tiene «muchos hechos de corrupción bajo investigación», entre ellos algunos casos «emblemáticos».
Galindo aseguró que, en estos casos, existe un procedimiento, seguido de un informe preliminar y otro definitivo para luego dar las recomendaciones sobre lo que se debe «hacer bien».
Sin embargo, aclaró que cuando estos hechos generan matices penales son remitidos al Ministerio Público (MP). Aclaró que, desde el año 2002, en la Fiscalía deben haber entre 2.000 y 2.200 casos remitidos por la Contraloría y agregó que «sería irresponsable» opinar sobre el estatus de estas causas.
«Este año hemos enviado 8 casos emblemáticos que han sido remitidos al Ministerio Público».
Consultado sobre algunos de estos casos, Galindo afirmó que se debe a un principio que ha venido sosteniendo, como es el respeto a la integridad física y a la seguridad del investigado.
«Todos los investigados saben quiénes son. En la Contraloría llevamos muchos casos como el de Cavim, Industrias Diana, empresas filiales de Pdvsa, el caso de Conviasa y otros que están en fase de investigación para un informe definitivo».
Pdval, Pdvsa y Bicentenario
Sobre Pdval, el Contralor resaltó que el caso está en trámites preliminares: «La investigación es muy amplia porque hay que recabar muchas pruebas».
Dijo que después del informe preliminar y el definitivo pasarán a determinar responsabilidades. Agregó que un caso puede demorarse hasta 4 y 5 años: «Las puertas en mi gestión están abiertas».
Con respecto a los casos de Pdvsa y de Mervis Villalobos, el Contralor precisó que poseen «un gran avance», pero están en una fase intermedia porque son muchas filiales y todas ellas son objeto de investigación.
«En el caso de Pdvsa ya hemos superado las investigaciones de carácter administrativo, pero faltan muchos elementos probatorios. Tenemos inhabilitadas a 176 personas, por 15 años, por el caso del paro petrolero».
Reconoció que, en el caso de Abastos Bicentenario, «queda mucho por hacer» porque «ahí no están todos». Aseguró que el organismo continuará con las investigaciones.
Inhabilitaciones políticas
Galindo aclaró que, en el caso de los políticos, las inhabilitaciones son administrativas porque esos funcionarios han incurrido en desvíos de los fondos del Estado mientras ejercían su función.
«No existe inhabilitación sin respeto al debido proceso de la defensa. La Contraloría lleva la inhabilitación administrativa que a su vez puede dar lugar a un procedimiento penal».
Con respecto a la posibilidad de que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) y el organismo que dirige puedan trabajar de la mano, Galindo ratificó que la Contraloría es el «máximo órgano» que debe revisar los casos que tenga dicha instancia parlamentaria.
«La Contraloría está abierta a que nos sentemos en un diálogo contundente».

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