Las elecciones presidenciales de 2018 lucen inminentes, y a ellas se llegará con un Nicolás Maduro enfrentando a contrincantes casi escogidos por su propio gobierno. Una estrategia se cuece dentro de las palanganas chavistas: anular con inhabilitaciones no sólo los fuertes candidatos de la oposición sino también afectar a los posibles abanderados del chavismo disidente y, al mismo tiempo, reacomodar el mapa de liderazgos opositores para intentar favorecer al chavismo
La alcaldesa del municipio San Diego en Carabobo, Rosa Brandonisio de Scarano, calificó de "absurda" la inhabilitación política por 15 años que le impuso la Contraloría General de la República y de la que fue notificada el viernes 27 de octubre a sus abogados.
El Ministerio Público de Venezuela (MP) citó en calidad de imputada a la hija del contralor general de ese país, Manuel Galindo, y le acusa de corrupción durante su gestión en un dependencia del despacho que preside su padre, informó este martes la Fiscalía."Fiscal 50 Nacional citó en calidad de imputada a Mayra Galindo por hechos de corrupción durante su gestión en la Contraloría General de la República", indicó el MP a través de la red social Twitter.La Fiscalía explica que Galindo se desempeña como directora de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría y que esta deberá comparecer a la fiscalía respectiva "el próximo 10 de agosto a las 9 de la mañana", hora local (13.00 GMT).La semana pasada la ONG Transparencia Venezuela difundió un escrito en el que denunció que "el nepotismo, la opacidad y el conflicto de intereses" en la Contraloría General.Según esta ONG, el contralor Manuel Galindo "mantiene a su hija, Mayra Alejandra Galindo León, en un cargo que le permite manejar recursos 'sin límite de cantidad' y repartir contratos a dedo".Esta citación a Mayra Galindo se produce en medio de la pugna de poderes en Venezuela, en la que la fiscal general Luisa Ortega Díaz acusa al Supremo de romper el hilo constitucional y desconoce a sus magistrados y, en contraparte, el Poder Judicial dirige un procedimiento contra ella para definir si debe ser enjuiciada.En medio de ese choque, el contralor anunció el pasado 3 de julio el inicio de una fiscalización al Ministerio Público por sus actividades durante la gestión de la Ortega Díaz, un procedimiento inédito en medio del enfrentamiento de la titular de la Fiscalía con el Gobierno.La actuación evaluará los procedimientos administrativos presupuestarios y financieros ejecutado durante los ejercicios fiscales comprendidos desde el primero de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2017 por la Fiscalía.]]>
El nepotismo, la opacidad y el conflicto de intereses son la norma en la Contraloría General de la República bajo la administración de Manuel Galindo, quien mantiene a su hija, Mayra Alejandra Galindo León, en un cargo que le permite manejar recursos “sin límite de cantidad” y repartir contratos a dedo.]]>
El nepotismo, la opacidad y el conflicto de intereses son la norma en la Contraloría General de la República bajo la administración de Manuel Galindo, quien mantiene a su hija, Mayra Alejandra Galindo León, en un cargo que le permite manejar recursos “sin límite de cantidad” y repartir contratos a dedo.
El Contralor General de la República, Manuel Enrique Galindo, es "cómplice, responsable de la impunidad y de la crisis que vive el país por incumplir sus deberes constitucionales", denuncia Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de la ONG.
El gobernador del sureño estado Amazonas, Liborio Guarulla, atribuyó este martes a causas políticas y raciales la inhabilitación política por 15 años que le impuso la Contraloría General de la República.
El abogado especialista en Derechos Humanos, Rafael Narváez, rechazó las acciones que adelanta la Contraloría General de la República en contra de la Asamblea Nacional, ya que a su juicio, el titular de ese despacho, Manuel Galindo, está apoyando "el esquema autoritario" que implementó el Tribunal Supremo de Justicia, al amenazar invadir los espacios del Poder Legislativo con la fuerza pública.
La Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Dennis Fernández (Cojedes-Unidad), denunció la inconstitucionalidad de la intervención de la Contraloría General de la República al Parlamento venezolano.
El Contralor de la República, Manuel Galindo, solicitó una media cautelar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para “obligar” a la Asamblea Nacional a que reciba a la auditora interventora del Legislativo, Mayren Ríos Díaz.
La Contraloría General de la República (CGR) afirmó que la Asamblea Nacional entró "en desacato" con este organismo, tras argumentar que le fue prohibida la entrada en la sede administrativa del edificio “José María Vargas”, a la auditora interna interventora de Parlamento, Mayren Ríos Díaz, designada por el contralor, Manuel Galindo, el pasado 13 de febrero.
El contralor general de la República, Manuel Galindo, informó que este lunes se dio inicio a la audiencia pública en la que fue citado el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, junto a varios funcionarios, por una investigación que se adelanta por supuestas acciones ilícitas. Aclaró que dichas pesquisas "no guardan relación alguna" con la constructora Odebrecht.
La vicepresidencia del Cabildo Metropolitano junto con trabajadores acudieron a la Contraloría General de la Republica para pedir que el Poder Moral reclame a los municipios de la gran Caracas la cancelación de las deudas que estos tienen con la Alcaldía Metropolitana. Destacaron que quien más debe es el burgomaestre de Libertador Jorge Rodríguez, el cual tiene que pagar la cifra milmillonaria de Bs 1.584.614.721,19.
Manuel Galindo precisó que "en todas" las área de la administración pública hay hechos irregulares, sin embargo, aclaró que "todo ministerio" es objeto de auditorias constantes para determinar el buen funcionamiento de la gestión.
"Se pretende con una ley borrar todos lo hechos, faltas u omisiones que traen como consecuencia la corrupción. Se busca fortalecer la corrupción y premiar al corrupto", aseguró el contralor Manuel Galindo.
"El campo de los afectados no se limita a la oposición política. En realidad, estas medidas de inhabilitación lesionan a toda Venezuela", señala la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la misiva.