Venezuela vive bajo un estado de excepción que desconoce

El presidente Nicolás Maduro extendió el viernes un decreto de emergencia económica vigente desde enero, pero sorpresivamente le añadió el estado de excepción que tendría una vigencia de 60 días, con otros 60 días prorrogables. La medida busca combatir las “amenazas” de Estados Unidos y enfrentar las consecuencias de la llamada “guerra económica».

En medio de la creciente presión que imprime la oposición en las calles para acelerar un referendo revocatorio a su mandato este año, Maduro activó ese estado de excepción que podría restringir el derecho a la protesta y otros derechos individuales, advirtió a El Estímulo el experto constitucional y diputado opositor, Juan Miguel Matheus.

Se espera que la Gaceta Oficial de este lunes se divulguen los alcances de la medida. No obstante, la radio chavista Alba Ciudad 96.3 FM filtró este domingo el decreto, sin haber sido replicado por otros medios del oficialismo.

Según Alba Ciudad, el decreto otorgaría plenas facultades a los llamados CLAPs (comités creados por el Ejecutivo para vender bolsas de comida con alimentos regulados), destinadas a organizar y mantener el orden público junto a militares, policías, consejos comunales y otros brazos del llamado “Poder Popular”.

En su artículo dos, el decreto autorizaría al Ejecutivo a tomar medidas de intervención para que al sector privado produzca, comercialice y distribuya “correctamente” insumos y bienes a la población.

Además, autorizaría al ministerio de Banca y Finanzas y al Banco Central establecer “límites máximos de ingresos y egresos de la moneda venezolana” .

La medida también establecería nuevas facilidades para la “asignación directa de divisas” para la compra de “rubros prioritarios” por parte del Estado.

Otro de los puntos divulgados por Alba Ciudad sería la creación por los ministros de “cronogramas de oportunidad” para vender productos regulados, atendiendo “a las características particulares de las zonas o regiones, prevaliendo el interés en el acceso a los bienes con el debido control o supervisión”.

Mientras tanto, el Defensor del Pueblo Tarek William Saab declaró que en experiencias anteriores con el estado de excepción en la frontera con Colombia en los estados Zulia, Táchira y Amazonas se actuó de manera institucional «coordinando con las autoridades competentes del estado para que los derechos humanos de todos los venezolanos sean vigilados y respetados». Aseguró que de hacer uso de este decreto lo que vigilaría la defensoría es que se haga en «estricto respecto a lo que establece la constitución».

-La excepción se pondrá a prueba-

El estado de excepción se pondrá a prueba el próximo miércoles, cuando la oposición convocó a nuevas marchas hacia las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el fin de exigir celeridad al referendo revocatorio.

Una movilización similar fue abortada el miércoles pasado en Caracas, cuando piquetes de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lanzaron bombas lacrimógenas y dispararon balas de goma contra manifestantes que habían tomado la autopista Francisco Fajardo.

El vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, descartó el domingo la realización de la consulta por los supuestos «errores» cometidos por la Mesa de la Unidad Democrática para activar la consulta.

«Aquí no va a haber referéndum. Ellos saben que no va a haber referéndum porque primero lo hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron fraude», dijo el domingo Istúriz.

Henrique Capriles, gobernador de Miranda, advirtió el sábado en una concentración en Caracas sobre el riesgo de que el gobierno y el CNE de imponer trabas a la consulta.

«Venezuela es un bomba que en cualquier momento puede explotar. Y por lo tanto convocamos a todo el pueblo para que se movilice por el revocatorio», dijo, subrayando que esta es la salida pacífica a la crisis.

Con información de AFP