Maduro se pondría al margen de la Ley si allana inmunidad de opositores

El anuncio hace prever la apertura de una nueva fase en el debilitado gobierno chavista y nuevas persecuciones contra los opositores, inclusive pasando por encima del orden constitucional, dijeron opositores consultados y juristas.

El diputado por el estado Carabobo de la MUD Carlos Berrizbeitia manifestó que si Maduro hace esto, sería un golpe de Estado a la Constitución Nacional.

“Sí Maduro llega a esos extremos, sería algo inconstitucional porque iría contra todo lo que significa la institucionalidad de la inmunidad de un parlamentario en una democracia, eso es un exabrupto”, dijo Berrizbeitia.

El legislador dijo que seguramente el gobernante tiene el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Estamos hablando de algo sumamente peligroso y difícil porque eso pondría a Maduro más allá de la Constitución, y mira que ya han violado bastante la Constitución, sería un atropello, y no sólo, no lo aceptaríamos nosotros, sino, que pondría difícil la institucionalidad del país. No tengo la menor duda de que estos magistrados genuflexos le darán la razón, la Sala Constitucional debe estar ya redactando y trabajando, como trabajan ellos, con descaro”, afirmó el diputado de Proyecto Venezuela.

La pregunta es si aquel “golpe continuado”, del cual hablaba inclusive la ex presidenta del TSJ Luisa Estela Morales, ahora lo está llevando a cabo el gobierno nacional, conjuntamente con el máximo tribunal y sus decisiones.

“Aquí el golpe continuado arrancó después del 6 de diciembre cuando perdieron la Asamblea Nacional, eso es el golpe continuado y está en plena ejecución. Este 1 ero de septiembre lo desarmamos porque ellos tenían montado un escenario de violencia y menos mal que no caímos en eso, y se les vino abajo toda la campaña en ese libreto de violencia y persecución que tenían. Pero el golpe constitucional y el autogolpe continuado que está haciendo el gobierno es muy cierto”, afirmó.

El Artículo 200 de la Constitución Nacional establece:

«Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los  funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley».

Asimismo, el diputado por el estado Mérida de Acción Democrática William Dávila dijo que seguirán trabajando como lo han venido haciendo, porque allanar la inmunidad sería un acto totalmente ilegal de parte del Presidente de la República.

“No le vamos a parar un comino, frente a la impudicia, frente a la autocracia, frente a esa concupiscencia de esa democracia militar, civil y del TSJ oponemos el abrazo del pueblo que se dio este primero de septiembre en las marchas multitudinaria de Caracas y de Venezuela», dijo a El Estímulo.

«Haga lo que le dé la gana. Nosotros somos diputados electos por el pueblo, en mi caso diputados del Parlasur, tengo inmunidad internacional, de manera tal que no le vamos a parar un comino”, asevero Dávila.

Indicó que van a seguir legislando a merced de que los lleven a la cárcel y que no harán caso a lo dictamine el TSJ o Nicolás Maduro porque sencillamente, lo considera «un presidente ilegítimo, un presidente malandro y un presidente que yo particularmente no respeto”, dijo William Dávila.

¿Hasta donde llegará este choque de poderes?

“El TSJ, los militares y esa cúpula de Miraflores, son los que quieren gobernar al pueblo. ¿Qué va a pasar ahí? Nosotros no vamos a ceder porque nosotros fuimos elegidos por el pueblo y nos quedan cuatro años y medio de nuestro mandato, él no puede por un decreto ejecutivo terminar nuestro mandato».

«Que me busque un artículo de la Constitución que le dé la facultad de disolver prácticamente la Asamblea por la vía del allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Eso es inconstitucional y viola todos los tratados internacionales como el de Mercosur, la Comisión Interparlamentaria Internacional, Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos. Todo eso lo está violando, si él lo está haciendo es porque simplemente se está quitando la careta y quiere imponer una dictadura”, afirmó Dávila.

El abogado Juan Manuel Rafalli, profesor de la UCAB y del IESA, autor sobre temas de derecho constitucional, destacó que «el derecho a la protesta está previsto expresamente en el artículo 68 de la Constitución. Ningún manifestante y menos aún los organizadores de la movilización popular del 1 S pueden ser hostigados ni amenazados por ejercer ese derecho».

«Si las amenazas son proferidas a los Diputados, la situación es aún peor pues implica desconocer su derecho a ejercer la función política para la cual fueron electos», resaltó.

«Precisamente para estos casos se concibió en la inmensa mayoría de las Constituciones del mundo, la Inmunidad Parlamentaria», que justamente protege la actividad política de los Diputados.

«El TSJ no tiene facultades para allanar la Inmunidad a ningún Diputado actuando ella de manera aislada. Incluso en caso de la  Comisión efectiva de algún delito, siempre se requiere un procedimiento autorizatorio ante el Parlamento, sin el cual no puede darse el allanamiento».

«Estas amenazas del Presidente vulneran no sólo la Constitución sino los Tratados y Acuerdos Internacionales vinculantes para la República en materia de Derechos Civiles y Politicos», explicó.

Por otra parte, sobre la posibilidad de levantar la inmunidad parlamentaria desde el Ejecutivo Nacional, el abogado constitucionalista Jesús Silva minimiza la importancia de los anuncios e interpreta esa declaración del presidente como un discurso netamente político que iniciaría el debate constitucional de la figura de la inmunidad.

“Este derecho no puede tener un alcance ilimitado y se debe plantear una interpretación de esa inmunidad, hasta qué punto puede tener validez. Esto en contraposición de los derechos de otras personas que se puedan ver afectadas por el hipotético comportamiento irregular de un parlamentario”, manifestó el constitucionalista.

El abogado comentó que no sería a través de un decreto presidencial que se afecte la inmunidad parlamentaria. Consideró que existen otras vías que podrían delimitar el alcance de esta figura, en el entendido de que ningún derecho es absoluto.

“Es el inicio de un examen a la Constitución que sería efectuado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de una interpretación del artículo 200. Por ejemplo, esa inmunidad está referida a la actuación del diputado en el marco de sus funciones o por el contrario se extiende a otras conductas dentro de su vida extra parlamentaria. Eso debe ser clarificado, es un peligro para la legalidad sí se entendiera la inmunidad como un hecho ilimitado”, indicó Silva.

A juicio del jurista, la interpretación de la Sala Constitucional no modifica la Carta Magna sino, que agrega razonamientos para entender mejor el propósito del constituyente.

Por su parte, el diputado de la AN por el estado Carabobo Juan Miguel Matheus dijo que la intención de Maduro es «una tentación propia de los regímenes totalitarios. Si a Nicolás Maduro se le ocurre arremeter en contra de los diputados a la Asamblea Nacional encontrará a un pueblo firme dispuesto a defender el mandato de cambio del 6 de diciembre».

El miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia señaló que «manifestar pacíficamente no es un delito. Solo los regímenes totalitarios interpretan así a la disidencia política y se refieren a ese ejercicio como golpismo y violencia política».

El diputado advirtió que «las detenciones arbitrarias a dirigentes y ciudadanos que se dirigían a la Gran Toma de Caracas, la violación al libre tránsito e incluso la misma amenaza de violar la inmunidad parlamentaria sí puede ser considerado como un delito imputable a otros funcionarios públicos y al Presidente de la República».