En un comunicado, la cancillería acusó al encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas, Lee McClenny, de instigar las sanciones contra el vicepresidente, tras meses de buscar «subvertir el orden legal y constitucional» en Venezuela.
McClenny «intenta por esta vía oxigenar a la débil y extinta oposición venezolana extremista para consumar un golpe político contra la institucionalidad democrática de Venezuela», señaló el texto leído por la canciller Delcy Rodríguez a través de la televisión gubernamental.
Washington y Caracas carecen de embajadores desde 2010.
El gobierno de Maduro exaltó la labor de El Aissami contra el tráfico de estupefacientes cuando fue ministro de Interior, entre 2008 y 2012, asegurando que «llevó a la justicia a más de 102 capos de la droga y entregó a 21 narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos».
Asimismo, consideró las sanciones del Tesoro estadounidense como un «ilícito internacional» y advirtió que esto podría llevar al presidente Donald Trump a «perpetuar» los errores de la administración de Barack Obama en sus relaciones con Venezuela.
«Es lamentable y altamente peligroso que la burocracia estadounidense, en conjunción criminal con factores violentos y extremos de la oposición venezolana, encaminen las relaciones de la nueva administración a perpetuar los errores históricos cometidos por el expresidente Barack Hussein Obama contra Venezuela», anotó el comunicado.
Obama firmó en 2015 un decreto que declara a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de Estados Unidos.
Las sanciones contra El Aissami y el empresario venezolano Samark José López Bello prevén el congelamiento de los bienes que puedan tener en Estados Unidos y la prohibición a ciudadanos y empresas de ese país de hacer negocios con ellos.
Al vicepresidente se le acusa de estar detrás de cargamentos de droga enviados desde Venezuela a México y Estados Unidos mientras era ministro de Interior y gobernador del estado de Aragua (2012-2017).