El presentador de noticias de CNN, Fernando del Rincón, ofreció nuevamente al Gobierno venezolano el acceso al derecho a réplica, "una invitación abierta" por el trabajo que esa cadena televisiva hiciera sobre las irregularidades con los pasaportes de nuestro país en Irán, que vincula al vicepresidente Tareck El Aissami con grupos terroristas del Medio Oriente.
«Vicepresidente, le quiero recordar todos los esfuerzos que hicimos para escuchar su versión de los hechos. Su derecho a réplica. Se lo voy a recordar, para que no diga que no le dimos la oportunidad. En e transcurso de nuestra investigación le enviamos decenas de correos electrónicos a usted, directamente. Por medio del Ministerio de Comunicación y la Cancillería también, cuando usted era gobernador del estado Aragua. Y también ya como vicepresidente. Llamamos en múltiples ocasiones al Ministerio de Comunicación, tratando de solicitar una entrevista con usted. Más aun, enviamos a nuestra corresponsal en Caracas a su oficina para entregarle en persona una carta solicitando una entrevista. La carta fue recibida por su despacho y tiene el sello de recibido de la Gobernación de Aragua», alertó.
Señaló que además que CNN viajó a Venezuela en par de oportunidades para tratar de conversar con el vicepresidente y la canciller, Delcy Rodríguez. «La primera vez fuimos amenazados con la expulsión. La segunda, retuvieron nuestro equipo técnico».
Del Rincón recordó que El Aissami pagó una página completa en el diario The New York Times, «con costo de $175.000» con el fin de defenderse de las acusaciones que le hiciera el Departamento del Tesoro acerca de sus supuestas vinculaciones con el narcotráfico y en donde alertó que existen presuntas acciones «desestabilizadoras» en contra de Venezuela.
Hizo hincapié en que el vicepresidente, en el programa de José Vicente Rangel, se quejaba de que tenía «derecho legítimo a defenderse», por lo que justificó la publicación del artículo.
Fernando del Rincón diferenció que «son dos casos distintos», ya que uno habla del trabajo periodístico que CNN realizó en torno a los pasaportes y el otro, las acusaciones por supuesto narcotráfico y a juicio del comunicador social, el Gobierno venezolano «se agarró de eso» para anular la señal del canal estadounidense en Venezuela al mezclar los temas.
Dijo que en CNN se respalda el trabajo periodístico.
EEUU alerta restricciones a la prensa en Venezuela
Por otra parte, Estados Unidos advirtió que los principales abusos de los derechos humanos ocurridos en Venezuela durante 2016 fueron «el uso sistemático y politizado del poder judicial», así como la persecución «selectiva a los críticos» del Gobierno y la restricción a la libertad de expresión y de prensa.
Según el informe anual sobre derechos humanos publicado por el Departamento de Estado, Venezuela sufre especialmente de «acción policial indiscriminada contra civiles» y «detenciones arbitrarias generalizadas», además de episodios de «privación ilícita de la vida y tortura».
«El Gobierno arrestó y encarceló a figuras de la oposición y mostró poco respeto por la independencia judicial o generalmente no permitió que los jueces actuaran de acuerdo con la ley sin temor de represalias», apunta el documento, correspondiente a 2016.
«A veces el Gobierno bloqueó medios de comunicación y hostigó e intimidaba a cadenas de televisión de propiedad privada, otros medios de comunicación y periodistas a lo largo del año usando amenazas, multas, confiscaciones de bienes, arrestos, investigaciones criminales y procesamientos», agrega.
Asimismo, el informe se hace eco de las denuncias de organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación «de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y las fuerzas de seguridad, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes».
Además, Estados Unidos destaca las condiciones penitenciarias «severas y potencialmente mortales» y «la falta de derechos de debido proceso que contribuyeron a la violencia generalizada, disturbios, lesiones y muertes en las cárceles».
El informe insiste en el «abuso contra presos políticos», además de la «interferencia» gubernamental con los derechos de privacidad, la «falta de respeto del Gobierno por la libertad de reunión y la falta de protección para los migrantes colombianos».
En Venezuela existe «corrupción en todos los niveles de gobierno», así como «amenazas contra las ONG nacionales», casos de violencia contra las mujeres, discriminación en el empleo basada en la preferencia política y restricciones al derecho de asociación de los trabajadores.
«El Gobierno tomó en ocasiones medidas para castigar a funcionarios gubernamentales de rango inferior que cometieron abusos, pero hubo pocas investigaciones o enjuiciamientos de altos funcionarios del gobierno», añade el informe.
«La impunidad -insiste- sigue siendo una grave preocupación en las fuerzas de seguridad».
Con información de EFE
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