Venezuela

AN apostará nuevamente por la Carta Democrática Interamericana

Familiares de los presos políticos solicitaron al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que solicite ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Democrática Interamericana.

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FOTOGRAFÍA: Andrea Hernández

La esposa del preso político, Leopoldo López, Lilian Tintori, junto a otros familiares de detenidos, ex presos políticos, familiares de exiliados y perseguidos, entregaron una carta con la solicitud al parlamentario en el Palacio Federal Legislativo.

Tintori señaló que la semana pasada en una misiva dirigida expresamente al secretario general de la OEA, Luis Almagro, instaron también a la activación de la Carta ante la sede del organismo en Caracas.

«La OEA solicita que está carta sea entregada formalmente al presidente del Parlamento y estamos aquí para eso», dijo.

Asimismo, afirmó que con esta solicitud, se pliegan a la hecha por 45 ONG’s la semana pasada de activar la carta.

Por su parte Borges, expresó, luego de recibir la misiva, que como representante de la AN hace dos semanas sostuvo en el Parlamento otra reunión con los familiares y concluyeron una agenda internacional.

También, en esa ocasión, se acordó realizar una sesión especial en honor a los presos políticos en la que se votará formalmente ante la Cámara la activación de la Carta Democrática Interamericana.

Los familiares exigen que sea la semana que viene no el 11 de abril como había sido previsto en la reunión mencionada por el jefe del Legislativo.

El diputado sostuvo que aún estaban definiendo el lugar de la sesión. Hace dos semanas, la madre de López quien asistió a la primera reunión con la directiva de la AN había dicho que será a las afueras de la cárcel de Ramo Verde donde se encuentra el fundador de Voluntad Popular.

«La aplicación de la Carta se justifica porque Maduro está fuera de la Constitución», señaló Borges.

El dirigente expresó que estuvo en Brasil, Colombia y República Dominicana y comprobó que «el hemisferio está muy claro de que en Venezuela se gobierna
fuera de la Constitución».

Aseguró que el mayor impedimento de la activación de la CDI «es que hay países, sobre todo en el Caribe, que impiden que sea aplicada».

Borges envió un mensaje a esos países y les dijo que «esas razones prácticas y pragmáticas» por las que no se suman a apoyar la medida, «no tienen que fundarse en el temor» sino que ellos (la oposición) al ser gobierno «serán comprensivos».

Cualquier Estado miembro o el Secretario General de la OEA puede solicitar la convocatoria del Consejo Permanente si se produce una alteración del orden constitucional pero, de acuerdo a su reglamento, las decisiones se toman por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de sus miembros, lo que significa que se requieren 18 votos. Los votos del Caribe son 13. Es por esto que Borges se dirigió a estos cuyos votos en la ocasión pasada es posible que no los tuvieron y por esto no avanzó el proceso.

El año pasado la Comisión de Política exterior viajó a la OEA en Washington y solicitó la activación del mecanismo. Aunque Almagro escribió un informe de la situación de Venezuela y algunos diputados opositores como Luis Florido y Williams Dávila aseguraron que la carta había sido activada, esto no sucedió.

Lo que hubo el 23 de junio del año pasado fue una sesión de debate sobre la aplicación de la carta a Venezuela, en esa ocasión culminó, sin tomar ninguna decisión.

La CDI recoge “un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”.

Es un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización.

En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

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