«Pudimos determinar que se instalaron seis teatros de operaciones y más de 20 campamentos técnicos donde se aplicaban infames interrogatorios con equipos especializados en práctica de torturas que incluían personal médico», dijo Ortega Díaz al presentar el informe final de la comisión para ese período, conocido como «puntofijismo».
Se llama así a la alternancia en el poder del partido socialcristiano Copei y el socialdemócrata Acción Democrática (AD) desde el fin de la dictadura militar en 1958 y hasta que Chávez ganó su primera elección en diciembre de 1998.
La fiscal indicó, además, que durante ese período hubo suspensión de las «garantías constitucionales», se ilegalizaron partidos políticos de tendencia de izquierda y se cometieron violaciones a la inmunidad parlamentaria e incluso hubo «diputados detenidos».
Señaló que también hubo «una perversa práctica» al procesar «militarmente a civiles» y reiteró que se logró precisar la identidad de 10.071 víctimas de «muertos y desaparecidos».
Este informe será enviado a distintas organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de Naciones Unidas (ONU), ONG, a distintos países y será difundido nacionalmente.
Se seguirá investigando
Durante las investigaciones, en las que se revisaron archivos desclasificados de la policía y militares, se examinaron 16.630 expedientes y se determinó que 1.425 personas fueron asesinadas y que «459 sufrieron desapariciones forzadas».
Asimismo, también se identificó a «muchos de los represores materiales así como también las líneas de mando bajo las cuales se presume que actuaron» y contra ellos, el Ministerio Público (MP) actuó.
Ortega Díaz aseguró que el Ministerio Público continuará «con las investigaciones», debido a que todavía hay cosas por hacer y por ello se creó «la Fiscalía 94 Nacional de Protección de Derechos Fundamentales» para que tenga como prioridad estos casos.
