Diputados en Venezuela están bajo ataque y la inmunidad pisoteada

Las agresiones a legisladores han venido en alza durante las manifestaciones en las calles del país en los últimos días. Los diputados deberían contar con la “inmunidad parlamentaria”, que les confiere la investidura del cargo, consagrada en la Constitución Nacional.

Pero cualquier policía, soldado raso o miembro de los «colectivos» -civiles armados afectos al chavismo- les pasa por encima cada vez que pueden.

Y con eso se atropella la voluntad de los ciento de miles de electores que convirtieron a estas personas en sus representantes ante el Parlamento, el Poder Legislativo.

Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio la semana pasada el puntillazo final a la inmunidad.

Posteriormente, el Supremo Poder Judicial emitió una enmienda donde sobre el papel les regresa ese privilegio a los legisladores electos por el voto universal y secreto. Pero los golpes se han incrementado, junto con las amenazas.

Incluso el presidente del Parlamento, Julio Borges, fue agredido este martes por funcionarios de la Guardia Nacional y la Policía Nacional, cuando marchaba pacíficamente hacia el Palacio Federal Legislativo. Su equipo de prensa aseguró que también un grupo oficialista le propinó golpes en el abdomen y que fue rociado en los ojos con gas pimienta.

Los parlamentarios Milagros Valero, Richard Blanco y Henry Ramos Allup, también sufrieron asfixia tras ser rociados con gases por los piquetes antimotines de la policía. Blanco está hospitalizado y fue recluido en terapia intensiva.

Este martes 4 de abril, casi todos los parlamentarios de la oposición fueron agredidos durante la protesta convocada en Caracas para presionar por la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.

Otros dirigentes como el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles y la esposa del más famoso preso político venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, también fueron atacados con gas pimienta y bombas lacrimógenas. Minutos más tarde, cuando se movilizaron a la autopista Francisco Fajardo, un grupo de 200 colectivos dispararon armas de fuego en contra de la manifestación que encabezaban los activistas. La dirigente opositora María Corina Machado también estaba en la manifestación.

A la arremetida contra los parlamentarios se le suma la sufrida el lunes por el diputado Juan Requesens, quien resultó herido por presuntos miembros de grupos colectivos del chavismo. Los agresores atacaron con palos, piedras y botellas a un grupo de diputados que fueron a protestar ante la Defensoría del Pueblo. El parlamentario sufrió un corte profundo sobre la ceja izquierda y tuvo que ser operado quirúrgicamente para cerrarle la herida con 56 puntos, según reportes médicos.

Por su parte, al legislador José Brito, le fracturaron la octava costilla del lado derecho en el mismo evento.

La arremetida ya lleva días. El sábado 1 de abril los diputados Miguel Pizarro, José Guerra y Marialbert Barrios también fueron agredidos por funcionarios de seguridad cuando intentaban llegar a la Defensoría del Pueblo. Les rociaron gas pimienta en el rostro y sufrieron quemaduras superficiales.

La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa presente en todos los Congresos democráticos del mundo, “como un elemento indispensable para el libre ejercicio de la actividad parlamentaria, especialmente a lo referido en la función contralora, a la denuncia y a la crítica democrática”, explicó el constitucionalista y diputado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Juan Miguel Matheus.

Pero y ¿qué pasa en Venezuela?

En el país ha tenido rango constitucional en todos los textos fundamentales desde la Constitución de 1811 hasta la de 1999. De acuerdo con el artículo 200 de la vigente, los diputados a la AN “gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo”.

Pero a pesar de esto los diputados venezolanos están bajo riesgo de ser lesionados o apresados en cualquier momento, incluso de ser juzgados por tribunales militares bajo los cargos de traición a la patria, según las advertencias de los más altos dirigentes del chavismo, como el capitán Diosdado Cabello.

Tal es el caso de Gilbert Caro, diputado que lleva tres meses detenido. Los magistrados del TSJ, reunidos en Sala Plena, votaron por mayoría abrumadora a favor de enviarlo a juicio en tribunales militares.

La Constitución Nacional también establece que nadie podrá ser juzgado por jueces distintos a sus jueces naturales. Es decir, si eres un civil, solo debes ser procesado por tribunales civiles.

En caso de los diputados, primero deben ser sometidos a un antejuicio de mérito, para ser despojados de su inmunidad, antes de ser juzgados por el delito del que se les impute.

¿Por qué salieron a las calles?

Las manifestaciones de los líderes opositores han sido espoleadas por el fallo del TSJ, que fue calificado por juristas y activistas políticos como un «Golpe de Estado», ejecutado en contra del Parlamento electo libremente por los venezolanos.

El propio presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, sostiene su denuncia de que en las sentencias número 155 y 156 le arrebatan las funciones a la AN.

En la primera sentencia, la Corte declaró que los diputados no gozan más de inmunidad parlamentaria por haber “traicionado a la patria” tras aprobar un acuerdo que pide la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra el gobierno de Nicolás Maduro.

A pesar de que pocos días más tarde, el TSJ emitió dos nuevas sentencias (número 157 y 158) en las que devuelve la “inmunidad” a los diputados, en los días posteriores las agresiones contra ellos por parte de funcionarios públicos, uniformados y civiles armados siguen en ascenso.

ONGs y dirigentes políticos advierten que en realidad las funciones del Parlamento siguen aniquiladas. En los últimos meses se acumulan más de 50 acciones jurídicas o ejecutivas que han dejado sin efecto al poder Legislativo.

De hecho, analistas políticos señalan que la Asamblea se ha visto reducida a un simple foro de debates, a un «ágora» sin mayor influencia, que sólo sirve para discutir los apremiantes problemas de los venezolanos, pero sin efectos prácticos.

¿Qué debería pasar con quienes violen la inmunidad parlamentaria?

El artículo 200 de la Constitución establece que los funcionarios públicos que violen la inmunidad cometen delito, incurren en responsabilidad penal y deben ser castigados de acuerdo a la Ley.

Adicionalmente, por tratarse de lesiones graves a los derechos humanos, estos delitos son imprescriptibles y quedan excluidos de beneficios como el indulto y la amnistía, según el Artículo 29 de la Carta Magna.

El abogado constitucionalista y presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional (Avdc), José Vicente Haro, explicó a El Estímulo que cuando una persona comete una agresión física contra un diputado, violentando así su inmunidad parlamentaria, se habla de un tipo penal calificado como “lesiones”.

“Pueden ser leves, graves o gravísimas. Se producen cuando se viola la integridad física de un diputado, y esto hace que el Código Penal establezca una circunstancia agravante que hace que aumente la pena”, comentó.

El número de años en prisión varía según la calificación de la lesión, pero Haro indicó que “pudiesen ir de hasta 6 a 8 años. Si hay un delito de agavillamiento, en donde existe una asociación para cometer la agresión, la pena iría de entre 4 a 8 años”.

También añadió que existen dos procesos a tomar frente a una violación de la inmunidad parlamentaria de los parlamentarios  por parte de funcionarios públicos, incluyendo a los magistrados del TSJ. Inicialmente, explicó, esos procesos pueden ser constitucionales o penales.

Con respecto al proceso constitucional,  insistió en que “todo ciudadano u órgano del Poder Público puede solicitar la calificación de una falta por parte de los magistrados del TSJ. La solicitud debe hacerse al Consejo Moral Republicano, pues la fiscal es la encargada de calificar este tipo de faltas”.

Si la Fiscal efectivamente considera la falta como grave,  se pasa un expediente a la Asamblea Nacional y da origen a la destitución del funcionario o los funcionarios.

Con respecto al proceso penal, afirmó que “se inicia con una denuncia ante la Fiscal General de la República, quien se encargará de iniciar una investigación pertinente. Posteriormente, si llega a la conclusión de que sí se cometió un delito, debe presentar una querella ante la Sala Plena del TSJ y son ellos quienes deciden finalmente si el delito se cometió”.

De ser así, los magistrados se enfrentan a una privación de libertad y la inmediata destitución de sus funciones.