No tengo ni idea de cuáles fueron las causas personales de Luisa Ortega Díaz para tal decisión, pero compartiendo los valores de izquierda que en común nos acompañan, entiendo que una acción como esta no sólo responde a la crítica y a la autocrítica, sino al arrojo que debemos tener quienes defendemos el valor fundamental de la democracia participativa, el respeto al Estado de Derecho y de Justicia y que asumimos que cualquier arbitrariedad que atente contra un proceso constituyente que arrojó la CRBV es antidemocrática, totalitaria y atenta contra las mayorías.
Ha dicho Luisa Ortega Díaz: “Considero un deber histórico e ineludible referirme a las recientes decisiones del TSJ”. Seguramente no hubiese sido histórico si en nuestro país la desfiguración entre la división de Poderes no se hubiese profundizado al nivel de haber desarrollado un autogolpe de Estado institucional, que en pleno proceso se logró detener parcialmente, gracias a sus palabras y a la movilización popular que se gestó y aún está en desarrollo.
Ha denunciado Luisa Ortega Díaz: “En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional”, y aun cuando esperamos mayores detalles de las evidencias de estas violaciones y el procesamiento por parte de su despacho de tan inmensa afirmación, no hay duda que desde la aplicación de “traición a la patria” que pretende interpretar la sentencia 155, hasta el ocultamiento del contrabando económico que aún persiste en la aún vigente sentencia 156 que faculta al presidente a endeudar al país y convenir empréstitos sin el requisito establecido explícitamente en la Constitución sobre la previa aprobación de la Asamblea Nacional para tal fin; todo, pero absolutamente todo lo establecido en estas sentencias es írrito por inconstitucional, y cualquier acción en contra de ellas, tal como lo hace la Fiscal, está aparada por el artículo 333 de la CRBV.
También dijo Luisa Ortega Díaz: “Se evidencia un desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución”, afirmación que pone en evidencia por parte de la Fiscal, la evidente traición al proyecto bolivariano y revolucionario emprendido por el Presidente Chávez y hoy defraudado por el que se autoafirma “hijo de Chávez” cuando disuelve los Poderes establecidos constitucionalmente, y entrega la soberanía nacional a trasnacionales con el amparo del gobierno, abriendo el espacio para que todo el que disienta pueda ser considerado sumarialmente “traidor a la patria”, desconociendo así el modelo de Estado establecido explícitamente en nuestra Constitución.
Es por ello que Luisa Ortega dijo que: “(Las sentencias) Constituyen una ruptura del orden constitucional”, y nosotros, los que afirmamos que el madurismo instauró un modelo neoliberal y totalitarista a espaldas del pueblo, lo reafirmamos. No sólo se rompió el orden constitucional, sino que fue violada la Constitución, no sólo por el Ejecutivo y por el TSJ, sino por la Asamblea Nacional cuando sin facultad “destituye” al Presidente por “abandono de cargo” y por el CNE cuando impide que el Referendo Revocatorio se ejecute habiendo sido una decisión popular negociada por una dirigencia política desleal a sus propias iniciativas.
Todos los actores polarizados violaron la Constitución, y el presidente Maduro pretende llamar a esto “impasse” o como mal lo expresó “ímpase” (sic), pero a un flagrante delito que debe ser castigado con todo el peso de la ley por ser traición a la patria de verdad, no se le puede resolver por un decreto, sino, con justicia.
Es por eso que Luisa Ortega Díaz hoy, y espero que también mañana y por el resto de la historia, aunque no es una heroína, al hacer lo que hizo, y que debería ser emulado el resto de los funcionarios del Estado con algo de dignidad, pase a ser un ejemplo de hidalguía ante la resistencia frente al totalitarismo y autoritarismo madurista.