Tener elecciones universales, libres y transparentes costó a los venezolanos cerca de 160 años de lucha, sangre, sudor, lágrimas, cárcel, torturas y exilio a muchos hombres y mujeres venezolanos. Aunque para las nuevas generaciones parezca mentira, la democracia como sistema político de gobierno basado en el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, ha sido la excepción dentro de la historia de Venezuela.
El actual régimen luego de haber usado las bondades de la democracia para consolidarse en el poder durante sus primeros años, ahora ha secuestrado el derecho fundamental de cualquier ciudadano, como lo es el derechos a elegir. Lo ha venido haciendo desde el año 2008, cuando inhabilitó a Leopoldo López para que compitiera a la Alcaldía Mayor; lo hizo con Antonio Ledezma cuando de manera inconstitucional le quitó las atribuciones del cargo para el cual fue electo; lo hizo con Henrique Capriles, cuando pasaron por sobre la prohibición constitucional de postular al Vicepresidente como candidato, usando abusiva e ilegalmente todos los recursos del Estado para financiar la campaña presidencial oficialista. Las decenas de sentencias del TSJ en contra de las decisiones de la Asamblea Nacional, ha sido una forma continuada de impedir la voluntad expresada el 6 de diciembre de 2015. La eliminación del referendo revocatorio y de las elecciones de gobernadores y alcaldes, han sido otra muestra clarísima del talante autoritario y antidemocrático del actual régimen.
En la competencia de poderes que actualmente existe dentro del actual régimen, para ver quién tiene más poder represivo sobre los ciudadanos, el actual contralor no ha querido quedarse fuera de la competencia, y se ha tomado el cuidado de inhabilitar selectivamente a los líderes de las fuerzas democráticas que pueden representar amenaza a los candidatos del gobierno. Lo hizo entre otros con Daniel Ceballos, Enzo Scarano y ahora con Henrique Capriles.
Es evidente el entramado que la actual claque militarista, en complicidad con el régimen cubano, han creado para secuestrar la voluntad popular e impedir que la gente pueda manifestarse y elegir libremente.
Todas estas acciones antidemocráticas, naturalmente han venido acompañadas por torcidos procedimientos y requisitos que no aparecen en la ley, y por decisiones judiciales y electorales amañadas y llenas de vicios, en muchos casos aceptadas por la misma oposición, en muchos casos haciéndole el juego al propio gobierno. Con todo lo anterior no es difícil concluir que simplemente y sencillamente, en los planes del régimen no están previstas elecciones de ningún tipo, si ven que está en riesgo su permanencia en el poder. Solo las harían con los candidatos de la oposición que a ellos convenga y bajo las condiciones que el gobierno requiera. Sin duda un oscuro y complejo panorama. Nunca un régimen autoritario y menos de corte comunista, hace ninguna graciosa concesión para entregar el poder a su opositior.
Así pues que pensar en unas elecciones regionales con candidatos inhabilitados, como un camino para derrotar al régimen, no solo sería una gran demostración de ingenuidad política, sino que casi rayaría en complicidad con el régimen. Es aceptar que son válidas todas las inhabilitaciones y decisiones judiciales usadas para impedir el libre ejercicio del voto, es hacerle el juego a la farsa democrática, que no hace sino someter y reprimir la sociedad.
En el 2014 esto era evidente, y hoy afortunadamente pareciera que la lucha planteada en ese entonces por Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado entre muchos otros, de denunciar la dictadura y luchar por el cambio del régimen y la salida del actual gobierno, es la consigna de la comunidad internacional y supuestamente de toda la oposición.
Aunque ya fuimos a varias elecciones con presos políticos e inhabilitados, y seguramente hay quienes estén dispuestos a hacerlo nuevamente, el planteamiento nacional e internacional, es la celebración de unas elecciones libres y transparentes para resolver la actual crisis política; pero jamás se podrá calificar de libres y transparentes, unas elecciones con presos políticos e inhabilitados. Es fundamental crear la convicción social que esto sea así, que no sea una exigencia de los familiares de los presos o de los partidos políticos, sino una consigna de toda la sociedad, que impida que el actual régimen siga haciendo sus desmanes.
No puede haber elecciones de ningún tipo con presos políticos e inhabilitados. Ir a unas elecciones para definir nuestros gobernantes por los próximos períodos con Leopoldo López preso, Henrique Capriles inhabilitado, y cientos de líderes regionales en la misma situación, sería elegir el juego del actual sistema.
