La influencia moral

No hay forma que una dictadura atroz se haga pasar por una democracia. No lo es, y son tantas las pruebas que se han acumulado al respecto, son tantas las violaciones, que su talante perverso es, no solamente inocultable, sino también penoso para los que hasta hace muy poco fueron leales aliados.

Pero no solamente ocurre un fatal hundimiento en la reputación política del régimen. Lo peor ocurre en el ámbito de la economía. El país no tiene reservas líquidas y no cuenta con una administración eficiente de sus recursos. Como suele ocurrir en todos los sistemas totalitarios, la burocracia se ha convertido en un fin en sí mismo.

El costo de mantener vigente la coalición entre militares y civiles radicales es cada vez más ruinoso para el país, que observa con perplejidad cómo las diferencias de clase se han transformado en diferencias muy marcadas entre la jerarquía gobernante y el resto del país. Hay un contraste inexplicable entre ellos, que exhiben lujos y privilegios, y una población asediada por la inflación, la escasez, la enfermedad y el hambre.

Pero el hartazgo por las condiciones de vida son solamente un dato. Lo realmente relevante es el inventario de razones que mantienen a la población alineada con su liderazgo político. Y allí está el detalle, porque esta condición es la que puede determinar la suerte de esta conflagración en el mediano plazo.

Ciertamente estamos de nuevo disputando la república entre la opción de la barbarie y la alternativa de la civilización. Pero la barbarie es engañosa y ambigua. Muta entre el extremo conciliador rentista y el autoritario excluyente. Se mueve a lo largo y a lo ancho del espectro progresista. Pero el idioma es el mismo, el populismo, y los medios que utilizan son similares, el saqueo de los activos productivos del país para generar una ilusión de armonía que está indebidamente fundada en el efecto narcótico que tiene la repartición irresponsable de la renta.

El año 2016 -que ahora luce lejano- fue un compendio completo de dislates políticos. Se defraudó la confianza del país en la misma medida que la dirigencia no fue eficaz en el logro de una amnistía que permitiera liberar a los presos políticos, y no fue lo suficientemente justa y recta en las negociaciones intentadas con el gobierno.

Puede resultar incómodo volver a recordar lo que sucedió hasta hace solamente seis meses, pero igual vale la pena señalarlo porque la tentación está allí, sigue estando presente en un grupo que prefiere cohabitar en paz que intentar de una vez por todas el cambio político que la gente desea.

A despecho de los que aspiran, con tenacidad fundamentalista, a que compremos como bueno el unanimismo de la oposición, la verdad es que tenemos un conglomerado de oposiciones aglutinadas por la brutal forma que ha tenido el gobierno de encarar la política. La ligazón de la oposición es la persecución de la que han sido objeto sus principales líderes y partidos.

Sin embargo, aún así se pueden notar diferencias importantes entre los que desearían un pacto con el régimen, y los que pretenden hacer todo lo posible para que esto acabe de una buena vez. Los pactistas prefieren el camino del diálogo, se conformarían con una convocatoria a elecciones regionales, no les importa demasiado que la nómina de presos políticos e inhabilitados siga en los números que están ahora, incluso que se incremente, y por supuesto, les parece bien que alguna vez haya elecciones presidenciales, por allá a finales del 2018, si acaso.

Como ya demostraron en el 2016, tampoco les parece relevante comprar las versiones de la realidad que interesan al gobierno, a saber, la guerra económica, la derecha golpista, las personas detenidas en lugar de hablar de presos políticos, los diputados indígenas que hicieron trampa, el desacato de la Asamblea Nacional, el carnet de la patria, las misiones, y el escozor anti-liberal, entre muchos otros aspectos que, al parecer, no resultan demasiado importantes en una mesa de negociación.

En los pactistas, la abstracción de la realidad que viven los venezolanos es sorprendente. Les piden que “ya que han aguantado hasta aquí, resistan un poco más”.

Otra parte de la oposición es rupturista. Habiéndose intentado todo, elecciones y diálogos, creen que llegó el momento de la manifestación ciudadana. Entienden que el dato del colapso político y económico tiene que significarse y transformarse en razones para el desafío. Opinan que ha habido una ruptura radical e irreversible del orden constitucional, desconfían del gobierno como interlocutor leal, no están dispuestos a ninguna transacción con el grupo gobernante, entre otras cosas porque eso les otorgaría una legitimidad que no merecen, y están dispuestos a acompañar y a canalizar las expectativas sociales de cambio eficaz.

Para este grupo habrá elecciones cuando ocurra una restauración de la república civil y democrática, con instituciones garantes del derecho, y habiendo resuelto todo el daño que el régimen le ha infligido a la esencia de nuestras bases de convivencia. Comprenden que es inaceptable insistir en convalidar contiendas inequitativas en las que el régimen cuando pierde mantiene todas las condiciones y posibilidades para arrebatar las consecuencias del triunfo de sus adversarios.

Han asimilado como datos relevantes del carácter del régimen el vaciado de atribuciones de la Alcaldía Mayor cuando la ganó Antonio Ledezma, los protectores regionales que operan, con abundante presupuesto, en las gobernaciones ganadas por la oposición, la forma como destituyen y apresan a los alcaldes que les resultan molestos, la destitución de oficio de diputados, la forma como el régimen ha prescindido nada más y nada menos que del Poder Legislativo, y de nuevo, el uso y abuso de las ficciones institucionales llamadas Poder Moral o TSJ, con cuya aquiescencia pueden ejercer una dictadura totalitaria y excluyente en la que una oposición que se comporte bajo los supuestos del manual de Carreño no tiene nada que buscar.

Por ahora priva el rupturismo. Las últimas semanas de movilización y provocación inteligente, con un liderazgo que ha estado al frente, corriendo los mismos riesgos que el común de la gente, les ha redituado ganancias importantes, equitativamente distribuidas. Podríamos incluso decir que estamos en una nueva ola, un nuevo estado de opinión, un nuevo estadio del humor social en el que todo lo que suene a transacción es inequívocamente censurado por los ciudadanos.

Por ahora hay un pacto alrededor del hartazgo mutuo. Entre otras cosas porque el régimen está dando señales de que, a pesar de su propio colapso, piensa quedarse para siempre, sin importarle los costos. Hasta hace poco, algunos se mantenían en la vana idea de que, mientras tanto, podían mantenerse las formas.

Que con dos o tres pasos atrás la Asamblea sería restaurada en algunas de sus atribuciones, y que, por lo tanto, algo de normalidad se podía mantener. Y que esa posibilidad podía ser aprovechada por los pactistas para ganar tiempo y acumular recursos de poder. Eso, ya lo sabemos, no fue posible. Esa agenda no era la del país, y rápidamente fue superada por las exigencias de la realidad.

Porque volvamos al inicio. A los pactistas y al gobierno la realidad no les dio la holgura suficiente. El sistema del socialismo del siglo XXI ha colapsado, y como resulta obvio, es cuestión de tiempo y de acción política el que se haga evidente que no puede seguir al frente del país. Pero ¿qué es lo que ha colapsado? Una forma de ser políticos y de hacer política que en el caso venezolano cruza el populismo más bárbaro con el rentismo más primitivo.

Estos políticos son patrimonialistas y particularistas. Entienden el acceso al poder como conexión a las finanzas públicas para privilegiar a sus camarillas. Son excluyentes y sectarios. No les gusta la competencia. Tienen un discurso rendencionista centrado en la reivindicación de los más pobres a costa de las clases productivas. Necesitan un gobierno extenso y con grandes facultades para la intervención. No respetan ni propiedad ni garantías. Y cada cierto tiempo necesitan montar un espectáculo de expoliación, para demostrar que el compromiso con la justicia social es irreductible.

La oferta es extensa y falsamente sustentada en criterios de recursos y de riqueza que al final son solo promesas vanas, indisciplina fiscal, proyectos faraónicos, endeudamiento creciente, inflación y crisis recurrentes. El país no crece con sustento, su parque empresarial siempre es reducido, todos pugnan por su cuota de renta y de protección, se usa y se abusa de los controles, y todo político se presenta como la llave o la contraseña de portentosas prerrogativas.

Esa forma de ser políticos está basada en el engaño a un pueblo que se desprecia, y en el saqueo del país. Es, en términos de corrupción, el aprovechamiento sistemático del poder encomendado para el lucro privado. ¿Y en qué consiste la política? En un intento, que siempre fracasa estruendosamente, de distribución ampliada de la renta, sin compromiso de productividad, para mantener la cohesión y la armonía social. La política es el intento inútil de darle a cada quien, según sus ganas. Además, ya no hay renta que repartir.

Me temo que la gente ya se conoce el libreto y el pavoroso final. Nadie puede apostar al largo plazo porque es imposible predecir o anticipar en un contexto de arbitrariedad que, por esa misma razón, es turbulento. La gente está harta de la paja populista, hasta el gorro del redencionismo que pide a cambio sumisión y carnet de la patria. La gente quiere otra cosa. ¿Qué quiere la gente? Riqueza fundada en el trabajo, movilidad social basada en el mérito y en el esfuerzo, libertad y respeto por la condición humana, y una base de seguridad jurídica y personal provista por un sistema republicano y democrático.

La gente quiere poder hablar, comer, pensar y progresar en libertad. No quiere que nadie lo haga por cuenta de ellos, y seguro habrán aprendido a valorar lo importante que resulta un gobierno que haga lo suyo y deje hacer a los privados su trabajo. La gente ha aprendido que sin justicia hay despotismo, y que el político populista al final es un peligroso fraude. La gente quiere decencia y tranquilidad, y por qué no decirlo, aspira a un país compasivo y solidario.

Pero eso requiere otros políticos y otra política. Políticos que no se vendan como la panacea que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo resuelve. Políticos que a veces digan “eso no es posible”. Y una política que establezca unas nuevas reglas del juego, donde el mercado sea determinante, y no la falsa ilusión de un estado benefactor que al final no beneficia a nadie.

Algunos se indignan y gritan de inmediato ¿Y quién se va a ocupar de los pobres? El que los pactistas todavía lo pregunten indica que todavía hay mucho cinismo realengo. Este socialismo extremo, habiendo dilapidado toda la renta petrolera, solo tiene como saldo el habernos empobrecido a todos.

El populismo rentista, los socialismos reales, dicen que vienen a salvar a los pobres, pero en realidad, solo se lucran de la pobreza, saben que necesitan a una sociedad hambreada y necesitada para montar un sistema de servidumbre donde ellos se vendan como insustituibles, a pesar de su precariedad intelectual, de su escasez moral y de su voracidad para dilapidar recursos y oportunidades.

¿Cuál debe ser el propósito de los políticos y la política alternativa? Refutar el socialismo, invalidar el populismo rentista, y vender un país viable, menos extravagante en sus promesas, una república civil que no asiente sus bases en la voracidad sectaria de la política de la barbarie, dejar de prometer un gobierno extenso y lleno de cualidades intervencionistas que al final no garantizan nada diferente al dispendio inflacionario, para darle un chance a la libertad, que tiene como condición un gobierno limitado, transparente, garante de reglas claras aplicadas con criterios universalistas, eficaz en hacer lo suyo, y respetuoso de la iniciativa de sus ciudadanos.

El político alternativo tiene que ser capaz de contrastarse radicalmente con este socialismo, con la izquierda venezolana, tan exquisita como fracasada y nostálgica. Debe tener coraje y la influencia moral para señalar con claridad el camino y convencer a los ciudadanos que no hay alternativa.

El reto es inmenso, porque en veinte años es mucho el daño que se ha hecho a la moral ciudadana. Pero algún día y por algún sitio tenemos que empezar.

Aprovechemos el impulso rupturista para dejar atrás esta época y ser nosotros los fundadores de esa nueva república. Si no lo hacemos ahora, estaremos condenados a un espantoso ciclo de repeticiones del mismo militarismo radical que nos ha extraviado por tanto tiempo.