Rosa Orozco denunció ante Fiscalía de Carabobo amenazas y atropellos

Orozco dijo que la denuncia era contra el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, el general Antonio Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional, y  coronel Ephrain Verdú, comandante del Destacamento de Seguridad Urbana del mismo componente castrense, por acoso a la zona donde  vive. “Entraron 12 guardias nacionales en las motos. Vuelve a repetirse la historia, vuelve a repetirse mi pesadilla, esa pesadilla no se me va a acabar jamás (…) porque nadie me va a devolver a Geraldin”.
Narró que los militares llegaron a Tazajal disparándoles a personas que protestaban pacíficamente, lanzaron bombas lacrimógenas hacia los conjuntos residenciales, sin importar que hubiera niños o personas de la tercera edad, lo que ocasionó no solamente angustia sino problemas de ahogos y de respiración.
Indicó que ese mismo día, el 15 de mayo, se trasladó junto a vecinos a informarse sobre los detenidos que llevaron al comando de la GN en Ciudad Chávez y fueron agredidos por un contingente de hombres en motos, que lanzaban piedras y llevaban pistolas y cuchillos en mano que se identificaron como afectos al chavismo. “La Guardia Nacional parada viéndonos la cara, es más nos echaron gas pimienta (los motorizados)”.
Orozco reclamó los derechos fundamentales de todos los que habitan en Tazajal: “Yo reitero, a Reverol, a Benavides Torres y a Verdú, los hago responsables de mi integridad, de la de mi familia, de mis abogados, del doctor Luis Armando Betancourt –coordinador del Foro Penal en Carabobo- y de todos los que viven en Tazajal, que esto no vuelva a suceder más”.
La abogada Jennie Gutiérrez, integrante del Foro Penal Venezolano, dijo que la denuncia la interpusieron ante el Fiscal Superior de Carabobo y ante la Dirección de Derechos Fundamentales.
También refirió que Orozco ha sido víctima de una persecución, acoso y hostigamiento constante, “pareciera que no fue suficiente con la muerte de su hija, sino que también es perseguida en este momento”.
Caso Mariángel Navas

También acudió ante la Fiscalía la dirigente juvenil del partido Proyecto Venezuela en el municipio San Diego, Mariángel Navas, que resultó herida en la zona cercana al ojo por una bomba lacrimógena que lanzó la GN en la caravana que pretendía llegar al Campo de Carabobo, el sábado 13 de mayo.
“Yo quiero citar el artículo 14 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que destaca lo siguiente: ´La violencia contra las mujeres a que se refiere la presente ley, comprende todo acto sexista o conducta inadecuada que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado´, destacó.
La diputada Neidy Rosal, de Proyecto Venezuela, acompañó a Navas y aprovechó para hacer  un llamado a todas las personas y en especial a las mujeres venezolanas para que no dejen de  denunciar las violaciones que se producen y no se les siga vulnerando su derecho a vivir libres de violencia; especialmente cuando estas violaciones sean directamente ejecutadas por funcionarios pertenecientes a organismos de seguridad como la GN.
Liberados 19 de los detenidos en El Trigal
 
El abogado integrante del Foro Penal en Carabobo, Antonio Marval, informó que la noche del miércoles quedaron en libertad un grupo de 19 de los detenidos en las cercanías de El Trigal y que fueron presentados ante la justicia militar que implica el Plan Zamora, activo en este estado desde el jueves 4 de mayo. Dijo que todos salieron en libertad bajo un régimen de presentación que fue otorgado por la juez sexta de Control Militar, Luz Marina Santafé.
Marval afirmó que la audiencia de estas 19 personas comenzó la tarde del martes, pero debió ser suspendida por problemas de fallas eléctricas en el Desur. Siguió el miércoles. Se trataba de un grupo de 10 mujeres y 9 hombres. “Una mixtura de edades, de clase social, trabajadores, empresarios, personas sin empleo, universitarios, una diversidad de venezolanos”.
“Cada cinco días deberán presentarse ante el tribunal militar, tienen prohibición de salir del estado Carabobo durante el proceso y la prohibición de acercarse a sitios donde haya concurrencia pública, manifestaciones pacíficas y este tipo de eventos. El Ministerio Público Militar tiene un lapso mayor hasta de 8 meses para hacer la investigación y de allí producir el acto conclusivo”, destacó Marval.]]>