La sede de la Fiscalía General de la República, ubicada en parroquia Candelaria, pasó una hora sin servicio de luz, el teléfono e internet, lo que obligó a la jefa del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, cambiar el sitio de una rueda de prensa.
«Nos cortaron todo. Lo hicieron pasadas las diez de la mañana», informó a El Estímulo un funcionario del Ministerio Público bajo condición de anonimato. A las once de la mañana, el servicio fue restituido en la sede.
La suspensión de los servicios obligó a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, trasladar una rueda de prensa que convocó para la Escuela Nacional de Fiscales ubicada en la urbanización La Florida.
Sin embargo, esa urbanización ubicada al norte de la capital como otras zonas del este, sureste y de Caracas no cuentan con el servicio eléctrico.
La Fiscal General se ha declarado contraria a la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el presidente Nicolás Maduro al igual que la represión que ha desatado el Gobierno para contener a dos meses de manifestaciones contra el gobierno, que ha dejado 55 muertos según balances del Ministerio Público.
No es la primera vez que Corpoelec corta el servicio de luz contra una institución contraria a los intereses del chavismo. En varias ocasiones, los edificios de la opositora Asamblea Nacional han sufrido la suspensión del servicio en los últimos meses.]]>
En una nueva entrega a cuenta gotas, el corresponsal de la agencia de noticias AP en Miami revela que Luis Ortega Díaz es la funcionaria señalada por el empresario Carlos Urbano Fermín (preso y bajo juicio en Estados Unidos) en un oscuro caso de cobro de sobornos.
Luisa Ortega Díaz, la ex fiscal chavista convertida en acérrima crítica del régimen que encabeza Nicolás Maduro, denuncia que se mantienen las amenazas y ataques contra su vida y su libertad, por lo que decidió abandonar Colombia y trasladarse a España y solicitar asilo.
Fuentes judiciales recapitulan los cargos por al menos 505 casos de asesinatos, tortura, represión, persecución sistemática de opositores, violación del hogar de los que se responsabiliza directamente a Nicolás Maduro y a cuatro de sus estrechos colaboradores militares, según la demanda que después de tres años apenas avanza en la Corte Penal Internacional, en La Haya y que fue impulsada por varios gobiernos americanos.
