El presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del Pueblo, Tarek William Saab, justificó la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que favorece a su despacho e insistió en que la misma no va en detrimento de las funciones del Ministerio Público, debido a que las competencias de ambas oficinas son diferentes.
Saab explicó que la decisión del TSJ, efectivamente, ratifica las competencias de la Defensoría del Pueblo en materia de Derechos Humanos, por lo que dijo que está en «potestad» de poder revisar las actas de procesos judiciales, incluso de pedir apoyo a órganos como el CICPC para hacer levantamiento planimétrico o dactiloscopia, «para investigar violaciones a los Derechos Humanos y no para entrar en conflicto con el Ministerio Público».
En ese sentido, detalló que «tenemos derecho a ver autopsias en cualquier morgue, cuando se presuma que la víctima sea objeto de una ejecución extrajudicial por parte de algún organismo del Estado» y así poder levantar una acta defensorial.
Denunció que hasta el momento se ha limitado la actuación de la Defensoría, sobre todo durante los meses de protesta, hecho que calificó de «violación» al derecho de ese despacho para «defender, participar y de estar presente en cualquier experticia que se haga en materia de violación a los Derechos Humanos».
Insistió en que se busca impulsar «el principio de cooperación de los poderes» y no crear un conflicto entre ellos.
Con respecto a las declaraciones a la fiscal Luisa Ortega Díaz, el defensor Tarek William Saab, quiso evitar entrar en detalle «para respetar la majestad del Consejo Moral Republicano», pero sí detalló que en 2014 varios magistrados, entre ellos el presidente actual del TSJ, Maikel Moreno, fueron presentados para su evaluación ante el Ministerio Público, que en esa oportunidad ostentaba la presidencia del CMR.
Recalcó que siempre hay reuniones entre la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría y que las mismas, «más allá de la diatriba que pueda existir», se discute de manera «civilizada, coherente» y que «con debido respeto se emiten las opiniones». Aclaró que los representantes de esas tres instancias reafirman su compromiso con la institucionalidad.
Por otra parte, rechazó el «trancazo» como evento de manifestación pacífica, ya que «se obstruye la vía pública» y se impide que la gente enferma vaya a la clínica o que aquellos que se desplazan a sus empleos, puedan llegar a sus sitios de trabajo. Dijo que al menos el 80% de los venezolanos rechaza este tipo de acciones, ya que violan los DDHH a terceros.]]>
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