«Es una actividad para la agitación política como puede ser una manifestación, una marcha, una concentración o las mismas barricadas que han estado haciendo», dijo, al referirse a las protestas que realiza la oposición desde hace tres meses y medio contra el presidente Nicolás Maduro, con saldo de 95 muertos.
Ante un grupo de diplomáticos, Lucena defendió este miércoles la Constituyente, cuyos miembros serán elegidos el 30 de julio, y ratificó que la consulta opositora no es legalmente vinculante al no ser organizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La mayoría opositora en el Parlamento convocó el plebiscito para rechazar la Constituyente, en la que no participará por considerarla un «fraude» con el cual Maduro busca aferrarse al poder, en lugar de ir a unas elecciones generales como exigen las protestas.
Los adversarios del gobernante y un grupo de chavistas disidentes critican que la convocatoria del mecanismo no haya sido aprobada en referendo.
Lucena, acusada de servir al gobierno desde el CNE, destacó que la reforma a la Constitución será un «espacio oportuno para el diálogo y herramienta para la profundización de la democracia participativa», frente a la violencia.
Sostuvo que algunos centros de votación de la Constituyente serán trasladados ante posibles amenazas de sabotaje, y dijo que el perímetro de seguridad de esas instalaciones fue ampliado de 200 a 500 metros para evitar incidentes.
También advirtió que los puntos donde se «impida» el sufragio o se genere violencia serán excluidos de las elecciones de gobernadores previstas para el 10 de diciembre, y sus electores reubicados.
Según la oposición, el plebiscito demostrará el amplio rechazo a la Constituyente, en el marco de su llamado a desconocer y rebelarse contra el gobierno de Maduro, al que considera una «dictadura».
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