Venezuela

Fiscal General desconoce los resultados de la Constituyente

Luisa Ortega Díaz, aseguró que el proceso es "ilegítimo". Aseguró que el resultado solo beneficia al gobierno para "mantenerse en el poder".

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Fotografía: Federico Parra | AFP

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, desconoció este lunes todo el proceso que culminó con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Calificó el proceso de  «írrito e ilegítimo» y manifestó sus dudas sobre la cifra que hizo pública la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, de ocho millones de votantes.
«¿Quién audita eso? (…) Estoy absolutamente segura que eso no fue así (sobre el número de votantes)», dijo.
Aseguró que la «Constituyente presidencialista» lo que busca es «concentrar mucho poder en manos de una minoría, con una estructura de gobierno reforzada que acabará con el derecho al sufragio. Acá no habrá más elecciones. Se va a acabar la libertad de expresión (…) estamos frente a una ambición dictatorial».
Ortega Díaz confirmó que han muerto 121 personas durante las protestas que comenzaron en el mes de abril, con 10 fallecimientos ocurridos en el día de la elección.
La Fiscal reiteró que continúa apegada al artículo 333 de la Constituión Nacional y que continuará en sus funciones. «Yo sigo acá  y nadie me va a sacar», refutó.
 -Delitos de lesa humanidad ante organismos internacionales-

Luisa Ortega Díaz explicó que continúa la investigación penal ordenada por su despacho por los delitos de lesa humanidad cometidos por fuerzas de seguridad del Estado durante las protestas de este año.  Dijo que de concretarse las amenazas presidenciales de acabar con su gestión, acudirá a instancias internacionales, pues pueden conocer este tipo de crímenes.
«Podemos ir con todo el cúmulo de pruebas que tenemos ante los organismos internacionales. Tenemos las cifras: al menos 25% de las muertes fueron causadas por funcionarios de seguridad del Estado; 40% por civiles armados que atentaron contra los manifestantes«.
Denunció además que existe una lista de funcionarios del Ministerio Público que estarían «marcados» por personal de migración y aduanas para anular sus pasaportes. «Eso es inconstitucional. Eso es usurpación de funciones», exclamó.]]>

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