Al no conseguir una respuesta concreta, ni con sus jefes inmediatos ni en la Zona Educativa del Táchira, una comisión de educadores afectados por la suspensión salarial viajó al Ministerio de Educación en Caracas, donde fueron atendidos por personal de la institución y adjuntos al Ministro de Educación quienes de manera “amenazante” informaron de la investigación que se adelanta.
“A los docentes que están siendo hostigados fueron tajantes en decirles: ustedes fueron acusados de hechos violentos en el estado Táchira que involucró la quema y destrucción de material electoral y planteles”, relató el presidente del colegio de profesores.
La instrucción que les dieron a los docentes es esperar los resultados de las pesquisas que haga el Ministerio Público, donde fueron consignados fotografías, audio y videos de los acontecimientos.
“Las pruebas fueron entregadas con las personas señaladas, nombres, apellidos, cedula, quienes estarían plenamente identificadas”, precisó Tarazona.
“El silencio es cómplice”
Las leyes venezolanas establecen que cualquier ciudadano es inocente hasta que se demuestren lo contrario. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Educación ya estarían juzgando a los educadores que han dejado de recibir su pago, incluso sin estos haber abandonado puestos de trabajo.
Un docente explicó que él solo estaba en el lugar como espectador, “no entré al colegio, ni quemé maquinas. Solo me quede asustado viendo lo que sucedía en un pueblo tan tranquilo”.
A ese maestro le hicieron saber que “el silencio también es cómplice”. Que no actuar, ni tratar de evitar los hechos también se condena y que cada quien va a tener en su debido momento la oportunidad de defenderse en Fiscalía por las protestas, indicó Javier Tarazona, profesor universitario de la UPEL en la entidad.
En los próximos días, cuando el despacho del Ministro de Educación reciba las primeras instrucciones por parte de la Fiscalía y de resultar positivas las investigaciones se iniciarán los procedimientos administrativos disciplinarios para la destitución definitiva o inhabilitación como educadores. Así anunciaron las autoridades a los docentes.
“Hay una cosa que es grave, el acompañamiento en situaciones como estas. Como educadores que son, los implica por su responsabilidad y el derecho superior de los niños, niñas y adolescentes de tener una educación gratuita, efectiva y de calidad y al haber sido cómplices con su silencio también los hace acreedores de una pena porque si han debido actuar”, esa fue la respuesta textual de las autoridades del ministerio acotó el también presidente del Colegio de Profesores.
Falsos alegatos
De acuerdo con lo que refieren autoridades de educación no se están sancionando la diferencia de opiniones, respetan las distintas militancias políticas que puedan existir, pero jamás respaldaran la violencia, ni la violación del derecho de los niños a entrar a una escuela por la supuesta inhabilitación de las sedes educativas.
Mientras tanto, escuelas y liceos del Táchira se quedan solos por la migración, no solo de alumnos sino de personal docente, que en busca de un mejor futuro, renuncia a sus labores de aula para salir del país.
“No es mentira que en muchos liceos no se ha iniciado la programación académica porque los muchachos no tienen docentes. Los profesores prefieren ir a realizar trabajos que nada tienen que ver con sus cinco años de universidad, ni con especializaciones, ni con las maestrías. Solo buscan dinero para poder sobrevivir ellos y sus familias”, dijo Tarazona.
En los liceos, la deficiencia de profesores en áreas primordiales como física, química, matemática, inglés y educación física, son notorias. A un punto tal que los alumnos han decidido cerrar las aulas y protestar ante la ausencia de quien de dicte las referidas cátedras.
Amedrantar es el objetivo
Con la excusa de que deben estar atentos al llamado de la Fiscalía, mantienen amedrantados y en un estado de zozobra a los profesores, señaló el representante educativo.
“Pero por qué no hay denuncias, ni la Fiscalía cita a los directivos de los núcleos en el municipio Uribante, que la misma comunidad los ha denunciado como colectivos. Por qué no le suspenden el sueldo a ellos. Por qué un ex presidiario es nombrado coordinador de educación en la zona. Ellos son los que representan la educación en Uribante”, aseguró Tarazona.
Una de las profesoras que formaba parte de la comisión que acudió al Ministerio de Educación en Caracas, les explicó a los representantes del ministro que no podía continuar con su salario suspendido, ya que tiene una hija recién operada del corazón a la que se le suministra un costoso tratamiento que ella sola lo costea, «¿Cuál fue la respuesta? ¿Y los guarimberos no pensaron en nada para actuar?”, dijo.
El único pretexto presentado ante la suspensión de salarios a los docentes, a pesar que no existe ninguna sentencia que los responsabilice de acciones violentas, fue que “la suspensión del pago ante la Zona Educativa se hizo porque es el único llamado que podemos hacer. Se hizo un cambio de modalidad de pago que es temporal antes de recibir las instrucciones. La situación no va a hacer sencilla para ustedes hasta que esto finalice», señaló Tarazona.
Según las autoridades educativas nacionales se habrían puesto a derecho 23 profesionales de la educación y quedarían por hacerlo siete.
“Pediremos la activación de las nóminas para los correspondientes pagos de las personas que se pusieron a derecho una vez que se tengan los resultados del Ministerio Público. Lamentándolo mucho como están involucrados hasta que no se demuestre lo contrario ustedes tendrán que esperar, mientras tanto tendrán que buscar alternativas que ustedes consideren pertinentes”. Esta fue la respuesta ante la necesidad de sueldos presentada por los profesores.]]>
