Drama de un refugiado indocumentado en Venezuela: Solo y sin apoyo

Sentado en una silla de ruedas frente a su modesta vivienda, ubicada en uno de los barrios conocidos como “La Invasión”, cerca de la frontera del Táchira con el Norte de Santander, vive Luis Jara, un colombiano que huyó hace 20 años de la región del Catatumbo, luego de sentirse amenazado por la violencia generada por grupos armados presentes en la zona.
Quedó imposibilitado para caminar tras caer de un andamio mientras realizaba trabajos como obrero de la construcción, oficio al que se dedicó luego de dejar una vida dedicada al cultivo de maíz y yuca en una pequeña parcela que heredó de la familia.
“Vivíamos bien, teníamos una tierrita con animales y cosechábamos maíz y yuca. Pero hubo que salir de un día para otro. Si no hubiera salido así, estaría echándole el cuento de otra manera”, comentó.

Con temor, desconfianza y recelo el hombre, que ya cuenta con 65 años, narró parte de su historia en Venezuela, país a donde llegó con su esposa, escapando de un conflicto armado del que poco quiere contar.
Ahora viudo, dijo que vive de la caridad de los vecinos y de lo poco que puede hacer por sí mismo.
Limpiándose el sudor que se confundía con lágrimas, Luis dijo sentir temor. A medida que pasa el tiempo los achaques de la edad lo hacen más sensible y reflexionar ante la situación migratoria que vive.
“Estoy enfermo pero aquí en San Antonio no me atienden como debe ser. No hay médicos, ni medicinas ni recibo ningún beneficio porque no tengo cédula. He intentado buscar ayuda en Colombia pero dicen que mientras viva aquí no me darán nada”, denunció.

Moviendo la silla de ruedas para adelante y atrás en una constante tensión nerviosa, confesó que no solo adolece de asistencia médica, sino que tampoco tiene acceso a los programas de subsidio de alimentos que ofrece el gobierno venezolano porque carece de identificación.
Su condición de refugiado no la puede demostrar porque abandonó los procedimientos legales que se deben cumplir hace más de 10 años.
“Parece que no existo ni para Colombia, ni para Venezuela. Salí de mi país para resguardar la vida de mi mujer y la mía, yo sobrevivo, mi esposa murió hace tres años. No puedo regresar a Colombia, porque allá no tengo nada, al menos aquí hice un rancho, tengo techo donde vivir, aunque aquí  las pocas veces que salgo la policía me matraquea porque no puedo mostrar una identificación”, dijo.

Ha perdido más de 30 kilos. No duerme ni se alimenta bien y el temor a ser deportado por las autoridades venezolanas lo mantiene en un claustro casi obligado, atestiguan los vecinos.

Apoyo psicológico al desplazado

La psicóloga Estefanía Chacón del programa para Personas con Necesidad de Protección Internacional (PNPI), avalado por la Universidad Católica del Táchira (Ucat) y el Observatorio Social, aseguró que las personas con necesidades de protección internacional presentan características psicológicas determinantes y que requieren de atención.
“Cuando se viven acontecimientos críticos en donde se ve expuesta la vida, el fallecimiento de un ser cercano o perdida de bienes, incidentes fortuitos, los seres humanos pasan por un trastorno critico postraumático lo que origina un desequilibro cognitivo y conductual en la persona. Situación que cambia la cotidianidad del individuo”, señaló.

A pesar de haber experimentado un cambio y haber recibido apoyo en su condición de desplazado, el síntoma persiste y se convierte en un estrés postraumático, explicó.
La posibilidad de Luis de recobrar un equilibrio en su vida, luego de todo lo que ha padecido tras salir abruptamente de sus tierras en Colombia, lo mantiene en medio de un trastorno de estrés agudo donde las cargas con el tiempo se vuelven más pesadas.
“Hay muchas cargas, el dolor es más profundo y si no se trabaja para resolver la situación y mejorarla lo que se logra es empeorarla”, añadió la psicóloga.
La acumulación de problemas, angustias, estrés y miedo, aunado a años de viviendo de esa manera, convierte el miedo en una patología y un mecanismo de defensa. El mismo miedo que lo hizo huir de la agresión en su zona es traído al lugar donde decidió radicarse y la huida y el refugio son las maneras de resolver la situación.
Ante la situación antes expuesta la necesidad de conocer el Programa para Personas Necesitadas de Protección Internacional (PNPI) se convierte en primordial para el desplazado porque es la herramienta jurídica, psicológica y social que va a permitirle estar al tanto de los mecanismos de apoyo, ayuda y resguardo que protegen a nivel internacional su condición humana.

La preparación y el aporte que se da a los PNPI, a través de los medios de comunicación y canales comunitarios que a su vez han recibido instrucciones y preparación sobre el tema, son esenciales para su desarrollo y adaptación a la nueva vida.
De igual forma, la información que maneje el entorno de la persona desplazada por la violencia  es esencial  porque de esa manera se pueden conocer las dificultades que presentan y contribuir a una integración sana en la sociedad.
Aunque no existen datos precisos que informen sobre los desplazamientos de ciudadanos colombianos a municipios de la frontera tachirense, información de la Agencia Especializada de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de julio de 2017, señalan que existen 172.957 refugiados ya reconocidos o solicitantes de refugio en el país, de los cuales un 99 por ciento son colombianos.
El último registro de ingreso público que se maneja data de febrero de 2017, donde el ex gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, anunció la entrada de unas 200 personas en condición de desplazadas.
En el municipio García de Hevia al norte de la entidad, se desarrolló el desplazamiento de ciudadanos provenientes del Norte de Santander, Colombia, “huyendo de los enfrentamientos que mantienen grupos armados al margen de la ley, por el territorio y el cultivo de droga”, aseguró el entonces mandatario tachirense.]]>