Tres de los presos políticos que fueron liberados en Navidad, luego del anuncio de excarcelación de 80 detenidos que hiciera la Comisión de la Verdad, se presentaron ante los tribunales que llevan sus casos para conocer bajo qué condiciones fueron liberados. Sin embargo en el Palacio de Justicia no hubo despacho este martes.
«Todo fue muy sorpresivo, no lo esperábamos», declaró Andrea González a pocos metros del Palacio de Justicia refiriéndose a su liberación del pasado 23 de diciembre.
González es uno de los tres presos políticos que se presentó ante la corte que se encarga de su causa para conocer con detalle bajo qué condiciones fue puesta en libertad, pero no fue atendida puesto que este martes no hubo despacho en los tribunales.
Sin embargo, detalló que la boleta de excarcelación que firmó al momento de salir de El Helicoide le concedía «libertad plena». «Esperamos que efectivamente sea así, pero no tenemos conocimiento», dijo a los medios.
La joven, una de las galardonadas con el premio Sájarov del Parlamento Europeo, fue detenida en agosto de 2014 al ser implicada por un asesino confeso en un supuesto plan para matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello, y estaba presa desde entonces en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de El Helicoide, en el centro de Caracas.
Junto a ella acudieron al tribunal Betty Grossi y Juan Miguel de Sousa, encarcelados por el mismo caso.
El abogado de los excarcelados y vicepresidente de la organización Fundando Derechos Civiles y Equidad (Fundeci), Joel García, afirmó que González, Grossi y De Sousa fueron injustamente acusados y jamás debieron perder su libertad.
«Es una libertad que se merecían que no debieron haber perdido, injustamente acusados, tanto es así que si fueran terroristas no entiendo como un estado libera tantos terroristas en un día y no le tumban el país”, expresó García.
Por su parte, el ingeniero Juan Miguel de Sousa -preso desde enero de 2015 y acusado de «asociación para delinquir» y «terrorismo»- también compareció ante el tribunal para saber en qué condiciones continúa su vida fuera de prisión.
«Lo que debería ser es que el tribunal te dé la orden y después te suelten, pero en este sistema el Gobierno da la orden y después tienes que irte a presentar al tribunal para conocer cuáles son las medidas que te dieron», dijo a la agencia EFE la abogada Ana Leonor Acosta, defensora de uno de los liberados, el exalcalde opositor Alfredo Ramos.
Ramos, de 62 años y con problemas de hipertensión, fue detenido en julio por no levantar de las calles del municipio Iribarren en Barquisimeto, estado Lara, las barricadas levantadas durante las protestas de este 2017.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya le ha ordenado que se presente cada treinta días ante una instancia judicial de Barquisimeto como medida sustitutiva de la privación de libertad.
Hasta los momentos, 44 presos políticos han sido liberados según cifras suministradas por el Foro Penal Venezolano, tras el anuncio realizado por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, por medio de la Comisión de la Verdad de excarcelar a 80 detenidos involucrados en protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.
González envió un mensaje a los que todavía se encuentran tras las rejas. «Que aguanten, yo espero que las libertades de ellos se realicen pronto. Hasta la de nosotros queda a medias porque dejamos afectos allá adentro. Esperamos que haya clemencia y un poquito de piedad».
La liberación de estas personas se produce en pleno diálogo entre el Gobierno y la oposición, que volverán a reunirse el 11 y el 12 de enero en República Dominicana. La liberación de todos los «presos políticos» es una de las peticiones de los opositores en los diálogos que mantienen con el Gobierno e Nicolás Maduro para buscar una solución a la crisis que vive Venezuela desde hace meses.
Además exigen cambios en el Consejo Electoral, del que desconfían, la restitución de los poderes del Parlamento, de mayoría opositora, y la apertura de un canal humanitario para la entrada de alimentos y medicinas.
El oficialismo pide por su parte la aceptación de la Asamblea Constituyente, órgano plenipotenciario compuesto solo por oficialistas, y no reconocido por la oposición y varios países.
Según grupos de defensa de derechos humanos, decenas de personas continúan encarceladas en Venezuela por motivos políticos.
Con información de EFE]]>
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