La presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, reprochó las declaraciones que emitiera el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, quien entre otras cosas afirmó que las sanciones contra funcionarios venezolanos van a continuar.
A través de Twitter, Rodríguez dijo que la ANC «tomó debida y cuidadosa nota» de lo expresado por Robinson y considera que en el texto demuestra «no solo su impericia funcional sino graves violaciones al Derecho Internacional».
De igual forma, manifestó que en torno al «bloqueo financiero», el órgano plenipotenciario evaluará las acciones a tomar en materia diplomática «en defensa de la soberanía».
Acusó que Robinson llegó a mediados de diciembre con una «agenda desestabilizadora» contra el país y le exigió que aprendiera sobre la legislación venezolana.
Desde la Asamblea Constituyente hemos tomado debida y cuidadosa nota de la inaudita entrevista del Encargado de Negocios EEUU que demuestra no sólo su impericia funcionarial sino graves violaciones al Derecho Internacional además de su profunda ignorancia sobre Venezuela!
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 22 de febrero de 2018
Anuncio q estas gravísimas declaraciones q promueven un golpe de Estado en Venezuela y alardean del criminal e ilegal bloqueo financiero serán evaluadas por la @ANC_ve para adoptar las medidas diplomáticas q corresponden en defensa de la soberanía y dignidad del pueblo venezolano
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 22 de febrero de 2018
El Sr. Todd llegó a Venezuela con una agenda desestabilizadora contra el Estado de Derecho en nuestra Patria. Le exijo que aprenda al menos lo esencial sobre nuestro ordenamiento constitucional, además de nuestra heroica historia y legado antiimperialista!
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 22 de febrero de 2018
Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se encuentran actualmente en tensión, luego de que Washington -desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca- ordenara sancionar a funcionarios venezolanos por su supuesta participación en crímenes contra los Derechos Humanos durante las protestas antigubernamentales de 2017, hecho que el Gobierno ha rechazado con contundencia.
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