Un avión militar venezolano, identificado con las siglas FAV2410, recogió el sábado al grupo de deportados y los trasladó a la Base Militar Palo Negro en el céntrico estado Aragua, confirmó el ministro de Seguridad Nacional, Edmund Dillon.
Un comunicado divulgado el sábado por el ministerio de Seguridad Nacional aseguró que en el grupo se encontraban personas que «habían violado las leyes de inmigración» y otros que cumplieron «condena en la prisión y estaban esperando ser deportados al completar sus sentencias».
La búsqueda de los deportados se logró tras un acuerdo entre los gobiernos de Caracas y Puerto España, en el que Maduro ordenó buscar al grupo, según el diario Guardian de Puerto España.
De los 82 deportados, 40 habrían solicitado asilo pero las autoridades trinitarias ignoraron esos trámites y decidieron expulsarlos, afirmaron fuentes cercanas al grupo de venezolanos al Guardian.
El grupo, de 53 hombres y 29 mujeres, se encontraba retenido en el Centro de Detención de Inmigrantes (IDC). Posteriormente, fue escoltado hacia la sede de la embajada venezolana en Puerto España, donde se ultimaron los trámites para su deportación.
La nota del Ministerio de Seguridad Nacional aseguró que los venezolanos fueron deportados «voluntariamente» con la asistencia del embajador de Venezuela, Coromoto Godoy.
La deportación se hizo desde el Aeropuerto Internacional Piarco con la presencia de oficiales de inmigración y funcionarios de Aduanas e Impuestos Especiales de Trinidad y Tobago.
Según el ministerio de Seguridad Nacional, agentes de inmigración y policías trinitarios realizaron varias redadas en el sur del país donde detuvieron a varios venezolanos que se encontraban ilegalmente en las islas.
La deportación generó críticas dentro y fuera de Venezuela por la forma cómo fue expulsado el grupo. Luis Florido, diputado de la opositora Asamblea Nacional, anunció el sábado que asumirá la defensa de unos cien venezolanos detenidos y culpó a la cancillería venezolana por no atender las necesidades del grupo.
Yesenia Gonzalez, activista venezolana en Trinidad y Tobago, acusó a las autoridades del país vecino de actuar «sin sensibilidad» ni «compasión» con el grupo de deportados. Se estima que 2.000 venezolanos presentes en las islas han pedido asilo, según datos manejados por el diario Guardian, ]]>