Además de Cabello, figuran en dicho comunicado de la OFAC su hermano José David Cabello, superintendente nacional aduanero y tributario; su esposa Marleny Contreras, ministra de Turismo y Rafael Alfredo Sarría, vinculado al político.
También fueron objeto de sanciones económicas tres empresas con sede en Boca Ratón, Florida (EEUU), se tratan de 11420 Corp, Noor Plantation Investments LLC y SAI Advisors Inc., propiedad de Sarría quien igualmente cuenta con empresas en Venezuela.
«El pueblo venezolano sufre bajo políticos corruptos que refuerzan su control del poder mientras forran sus propios bolsillos. Estamos imponiendo costos a figuras como Diosdado Cabello, que explotan sus posiciones oficiales para involucrarse en tráfico de narcóticos, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas «, dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.
Recalca el documento que Cabello abusó de sus posiciones influyentes para «el fomento de sus actividades ilícitas y corruptas para controlar y dirigir agencias gubernamentales y oficiales militares en Venezuela (…) a su vez utilizó esa esfera de influencia para beneficiarse personalmente de la extorsión, el lavado de dinero y la malversación de fondos».
La OFAC lo vincula con la extracción ilegal de hierro utilizando para ello a la Corporación Venezolana de Guayana y Venalum, en complicidad con Francisco Rangel Gómez.
Con respecto a José David Cabello, el documento señala que se benefició de esquemas de extorsión contra empresas privadas nacionales y extranjeras.
«Los hermanos compartieron un porcentaje de las ganancias de extorsión con otros ministros y funcionarios en el círculo interno de (Nicolás) Maduro. Un esquema típico de extorsión involucraba a funcionarios del Seniat que auditaban un negocio e identificaban irregularidades tanto reales como falsas. Los funcionarios del Seniat le darían a la empresa la opción de pagar una sola multa grande al Seniat o una multa más pequeña con una comisión menor a los funcionarios. Las compañías registrarían los sobornos como transacciones comerciales».
De Sarría Díaz la OFAC lo acusa de lavado de dinero para funcionarios venezolanos mediante la compra de bienes inmuebles desde 2010.
«Sarría actúa en nombre o representación de Cabello como su principal líder o testaferro, asesorándolo, ayudándolo y beneficiándose a sí mismo con ganancias corruptas e ilegales. Los dos han mantenido una relación comercial ilícita desde al menos 2010, cuando Sarría y Cabello tenían sociedades y corporaciones en Panamá y Sarria poseía varias propiedades inmobiliarias en Florida que se registraron con su propio nombre».
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