En al menos 10 estados de Venezuela miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), “ejercen influencia y presión directa sobre la población” para que salgan a votar este domingo 20 de mayo por el candidato a la reelección Nicolás Maduro, denunció ante el Ministerio Público en Caracas el director de la fundación Redes, Javier Tarazona.
El representante de la ONG pro defensa de la educación y derechos humanos, detalló que tras una amplia investigación en los estados Táchira, Zulia Apure, Barinas, Mérida, Portuguesa, Amazonas, Bolívar, Cojedes y Guárico, se pudo constatar la denuncia, además de tener acceso a panfletos y comunicados, emitido presuntamente por los grupos irregulares quienes llaman a la defensa del proceso que representa Nicolás Maduro y el chavismo en Venezuela.
“Exigimos que se garanticen los derechos de los venezolanos que están siendo vulnerados en estos diez estados por grupos irregulares, ilegales y ajenos a nuestra geografía”, dijo Tarazona.
La situación encendió las alertas de la organización que representa luego de que los guerrilleros de ambos grupos participaran de forma activa en el simulacro electoral del pasado 6 de mayo en los estados fronterizos. Esa acción viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21, así como los artículos 2 y 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Venezuela es firmante.
No es la primera vez que los insurgentes colombianos se involucran en la vida política y electoral venezolana, detalló Tarazona, quien agregó que desde el año 2007 se vienen presentando registro de abiertas incursiones de este tipo.
“En el referendo que hiciera el difunto Hugo Chávez en 2007, la guerrilla tuvo participación reuniendo a los ganaderos, vecinos y campesinos a fin de ejercer presión para que respaldaran su propuesta, situación que se repitió en 2015 en la elección de la Asamblea Nacional y lo denunciamos en su momento”, dijo.
Recalcó la importancia y necesidad que el Ministerio Público la Defensoría del Pueblo y el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) actúen en defensa de los derechos de los ciudadanos que están siendo vulnerados, teniendo evidencia (panfletos y testimonios) de esas acciones.
La denuncia será elevada a las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos pues, aseguró Tarazona, se trata de un hecho de “complicidad” entre el gobierno de Nicolás Maduro y los irregulares colombianos.
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