Ana María Da Costa: "No queremos que maten a nuestros familiares"

Vasco Da Costa, José Luis Santamaría, Luis Leal, Regulo Castro, Alonso Mora, Estefany Chávez y dos menores fueron detenidos el 16 de abril y acusados por el ministro Néstor Reverol, varios días después, de participar en actos de desestabilización y tener alrededor de tres toneladas de municiones.

«Les faltó decir que teníamos una ojiva nuclear», dijo Da Costa, hermana de Vasco.

Aunque en el expediente no hay pruebas, según explicó Ana, estas personas fueron imputadas por rebelión militar, instigación a la rebelión, traición a la patria, sustracción de elementos de la Fuerza Armada y ultraje al centinela. Todos, delitos militares.

Pese a que no están claras las circunstancias de estas detenciones, al grupo se le relaciona con el exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) asesinado, Oscar Pérez. ¿El vínculo? Haberse sumado a un grupo llamado Gedeon 2 y haber acudido al cementerio luego del asesinato de Pérez y su grupo.

Para Ana y Mónica no es ajeno el ambiente carcelario, ni lidiar con la opacidad gubernamental. Sus hermanos, Vasco y José Luis, respectivamente, fueron detenidos en 2014 y acusados de financiar las protestas de ese año.

Una casa destrozada y el no ver a sus familiares durante más de dos años por negarse a desnudarse durante las visitas, fue lo que quedó de una experiencia que se volvió como un deja vú.

Vasco y José Luis fueron excarcelados en 2017. Pero el 16 de abril de 2018, todo empezó otra vez.

Los ocho detenidos estuvieron desaparecidos desde el 16 hasta el 20 de abril, relató Ana. Ese día, les informaron que estaban en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) dónde pudieron verlos. Luego, los seis mayores fueron trasladados hasta el anexo militar de Santa Ana y los dos menores a Cochecito, en Caracas.

Los familiares no solo denunciaron la ilegalidad de la detención sino también el hecho de que «han sido torturados antes, durante y después de su detención», explicó Ana, quien aseguró que son inocentes y que no existe nada en su contra.

Asimismo, sostuvo que pudo ver a su hermano el pasado 27 de mayo, con laceraciones en brazos, piernas y pies, y que otros presentan golpes en el torso.

Las denuncias por tortura fueron notificadas en la fiscalía 20 del estado Táchira, en donde les dijeron que estaban «investigando».

En cuanto a los menores, uno de ellos es un niño de la calle de quien se hacía cargo la Fundación «Quédate con nosotros, Señor».

El joven de 16 años conoció a Da Costa durante unos actos de la Fundación y éste le ofreció casa y trabajado. Al momento de la detención, el joven se encontraba con él.

Uno de los responsables de la Fundación, Alexander Marquina, relató que solo ha podido verlo en dos oportunidades: el día de la presentación en tribunales y aproximadamente hace dos semanas, cuando le permitieron hablar con el joven por cinco minutos.

«Me están torturando», le habría confesado el joven. Además, le contó que los funcionarios del centro le dicen que es el hijo de Oscar Pérez, lo obligan a hacer orden cerrado cantando consignas a favor del gobierno y que estaría «muriendo de hambre».

Marquina, con una preocupación evidente, manifestó haberlo visto pálido.

La única respuesta que ha tenido al llamar a los servicios penitenciarios para verlo (tiene autorización del juez) ha sido negativa, pues, aseguran, «aquí hay niños que han estado 10 años presos y no les ha pasado nada».

No firmarán

Tanto Ana como Mónica y el resto de los familiares señalaron que los presos políticos «no firmarán» ningún documento para ser beneficiados como lo han hecho ya un grupo de excarcelados.

«Ellos son inocentes y no van a firmar. Ellos dicen que saldrán de allí con libertad plena», expresó Ana, quien comentó que no acudirán ante la Comisión de la Verdad.

Dentro de las denuncias que ha hecho Da Costa está la existencia de un supuesto «grupo comando que hace lo que le dé la gana. Entran, roban y golpean», sostuvo Ana.