El abogado Carlos Daniel Moreno explicó que ni el Ministerio Público ni los tribunales civiles y militares han respondido a las distintas comunicaciones que han enviado exigiendo la revisión de casos de quienes califican como presos políticos. Sin embargo, esta coalición ya certificó una lista de 380 presos políticos ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y esperan consignarla ante organismos internacionales como la ONU junto con los expedientes que respaldan cada detención.
Asimismo, exigieron la liberación de 20 de estos 380 detenidos que estarían en estado de salud delicado.
Uno de esos civiles detenidos, cuyo caso está en tribunales militares, es Reynaldo Rodríguez, de 48 años.
Rodríguez fue detenido el 24 de enero tras pronunciar un discurso en los actos velatorios del exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Oscar Pérez.
Fue presentado en tribunales el 26 de enero y se le pidieron fiadores y dictaron medidas cautelares. Dos días después fueron consignados los recaudos requeridos y hasta la fecha Rodríguez permanece detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Reynaldo tiene cinco hijos, cuatro son menores. Su hermano, José Rodríguez relató que él ha tenido que hacerse cargo de la familia. “Han trastocado a las familias y éstas son la base de una sociedad”. Pidió al gobierno y específicamente a la ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que mantenga su palabra en cuanto a las excarcelaciones y que se respete el debido proceso.
Una petición a la que se sumó Ana Gabriel de Sandoval, esposa del Primer Teniente Gustavo Adolfo Sandoval, otro detenido por el caso Oscar Pérez.
Este militar proviene de la promoción Maisanta de 2012 del Ejército y tal y como ha ocurrido con varios de los oficiales detenidos desde enero, fue de los primeros en su promoción.
Sandoval fue detenido el 11 de enero. Para esta fecha, Pérez y su grupo seguían con vida. Durante nueve días estuvo incomunicado y su familia no sabía de su paradero. No fue hasta el 20 de enero que lo presentaron en Tribunales y trasladado a Ramo Verde donde pasó un mes sin ver a su familia.
Para ese momento, ya el ex funcionario del Cicpc y sus compañeros habían sido asesinados en una operación militar. Exactamente el 15 de enero.
Sandoval fue privado de libertad junto a siete compañeros a quienes conocía por ser instructor de las Fuerzas Especiales. Sin embargo, el militar había pedido hacía un año por cuanto su esposa había quedado embarazada.
Desde ese momento, trabajaba en el Servicio Tributario del Distrito Capital donde se desempeñaba como coordinador.
Su esposa atribuyó la detención a “chismes” por cuanto su esposo, asegura, nunca conoció a Pérez ni a sus compañeros.
Sandoval, junto a los otros siete oficiales, fueron torturados, según relató ella.
Desde intentos de violación, golpes en los testículos, muñecas con moretones por haber permanecido varios días esposados hasta dislocamiento de hombros y plantas de los pies rajadas con hojillas formaron parte de las torturas recibidas. Además, estuvieron cinco días sin comer ni beber. Ana Gabriel confesó que “subsistieron” porque en los momentos que iban al baño, bebían agua del lavamanos.
Añadió que, aunque las torturas físicas cesaron, se mantienen las psicológicas tanto contra los oficiales como contra las familias.
“No podemos estar en paz. Perdimos la tranquilidad. Han dañado familias. Han dañado a una sociedad”, dijo Ana Gabriel, quien también agregó que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) no solo realiza requisas violentas en las celdas donde están estos militares sino que también mantiene vigilados a los familiares.
“Venezuela se ha convertido en una gran prisión”, sentenció.
En el caso de estos ocho militares, tienen cinco audiencias diferidas y se espera una sexta para el próximo 26 de julio.
Violencia de género
Luego de las agresiones contra la activista de derechos humanos y esposa del dirigente político Leopoldo López, Lilian Tintori, y un grupo de familiares de presos políticos, en su mayoría mujeres, ocurridas este martes en la sede del Ministerio Público, la abogada Ana Leonor Acosta informó que introducirán una denuncia por violencia de género y crímenes de odio.
La abogada relató que se encontraban en la Fiscalía para pedir la libertad plena de los presos políticos cuando un grupo de simpatizantes del gobierno, casi todos hombres, comenzaron a agredir verbalmente a las mujeres llamándolas desde traidoras a la patria hasta asesinas.
Esto provocó que los familiares decidieran retirarse, momento en el cual, el grupo que las agredían utilizaron palos para golpear los vehículos en los que se montaron.
De acuerdo a videos, en este grupo se encontraba el diputado por el Consejo Legislativo del estado Miranda, Miguel Mora.
Acosta exige que se investigue y sancione a los responsables, los cuales están “plenamente” identificados.]]>