Allí consignaron un documento donde piden respeto a las garantías fundamentales de los presos y cerrar cada una de las causas pero como se ha repetido en otras instancias, no han obtenido ninguna respuesta.
El abogado Omar Mora Tosta también aprovechó para denunciar lo ocurrido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ubicado en el Helicoide, donde tras dos motines en menos de dos meses, se mantienen incomunicados a los privados de libertad.
En el escrito se hizo énfasis en la situación de los dos oficialices de Polichacao, Reggie Andrade y Fred Mavares, así como en la de los Policías Metropolitanos que se mantienen presos en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en la capital del estado Miranda.
«Cada minuto que pasan estas personas presas, se le violan los derechos humanos», dijo el abogado en relación a estos funcionarios policiales. Los dos primeros tienen boleta de excarcelación desde hace dos años y el resto ya cumplió más de la mitad de la pena.
Tosta agregó que, «lejos de darles la libertad, los Polichacao fueron castigados y depositados en una cárcel como la 26 de julio. Hemos agotado las vías judiciales en el país y ya se está transitando la vía internacional. De hecho, varias están sustentando estás violaciones de derechos humanos».
Por su parte, la abogada de Andrade y Mavares, Zoraida Castillo, cuestionó la medida contra sus defendidos pues desconoce cómo ingresaron los funcionarios a una cárcel si no hay orden de encarcelación.
Incluso, la abogada se preguntó cuántas personas más habrá en la misma situación de los funcionarios, que sin orden, fueron recluidos en un recinto penitenciario. A esto se le suman dos agravantes: ellos tienen boleta de excarcelación y fueron recluidos en una cárcel de presos comunes que no cuenta con un espacio para funcionarios policiales por lo que los familiares y abogados temen por sus vidas.
Castillo recordó que este jueves se vence el plazo de tres días que tiene el Tribunal Séptimo de Control para decidir y ordenar la liberación de los funcionarios. Aspiran por la administración de justicia y recordaron que Andrade y Mavares se mantienen incomunicados.
De no obtener respuesta, tomarán otras acciones que no quisieron adelantar.
Mientras, Bony de Simonovis, esposa de Iván Simonovis, recordó que Maickel Moreno fue quien ordenó la detención «ilegal» de su esposo. Aún así, acudieron al TSJ porque «hay que documentar la injusticia».
Para ella, la clave es insistir y mantenerse optimistas aunque no niega que han sido víctimas de la desesperación muchas veces.
Su esposo padece 19 patologías y una osteoporosis acelerada que solo han podido controlar. Simonovis no puede ser visto por su médico de confianza y es fotografiado tres veces al día con el periódico Últimas Noticias por parte de funcionarios encapuchados. Además, porta un grillete electrónico. Los policías metropolitanos que están en Ramo Verde, no han podido ser vistos por médicos.]]>
