Poco más de un mes llevan Carlos Varón y Ricardo Prieto tras las rejas. Los bomberos de Mérida que a inicios de septiembre publicaron un video en el que comparaban a un burro con el presidente Nicolás Maduro se encuentran en el retén de la policía de dicha entidad, en una situación que aún despierta críticas por la falta de base legal para la acción aplicada contra ellos.
Este lunes, un total de 51 organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos suscribieron un documento en el que solicitaron a las autoridades el sobreseimiento de la causa por la cual los bomberos están detenidos desde hace 34 días.
Según la alianza, “los bomberos no cometieron delito alguno”.
Asimismo, el grupo denunció la ausencia de mecanismos legales durante el proceso en el que Varón y Prieto fueron interrogados, impidiéndoles contar con un abogado. Además, se señaló también que la audiencia de presentación en tribunales se realizó con 24 horas de retraso.
Los profesionales fueron imputados por los delitos de promoción e instigación al odio agravado, en una acción apegada a los artículos 20 y 21 de la Ley contra el odio por la convivencia pacífica y la intolerancia, un código promulgado por la Asamblea Constituyente, desconocida por organismos nacionales e internacionales.
La sanción, según esta, conllevaría a una pena de hasta 20 años de prisión.
Lea aquí el comunicado emitido por el grupo de organizaciones en defensa de los derechos humanos:
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