AN aprueba crear fondo con cuentas congeladas en EE UU
El Parlamento promulgó una ley para constituir un fideicomiso supervisado por la Organización de Estados Americanos, informó el diputado Alfonso Marquina
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves la creación de un fondo con hasta 80 millones de dólares procedentes de cuentas bancarias congeladas en el exterior por sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
El propósito de la ley aprobada por la AN es que Estados Unidos, que bloqueó cuentas del Estado -incluida la petrolera PDVSA- y de funcionarios chavistas, libere dinero para constituir un fideicomiso que sería supervisado por la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo el diputado Alfonso Marquina.
Al aprobar la llamada Ley especial del fondo para la liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital, diputados opositores avalaron que Juan Guaidó pueda hacer uso de «cuentas bancarias en el extranjero».
Según la ley, ese fideicomiso se destinará a gastos sociales en un país arrasado por una crisis económica que ha condenado al hambre y la inmigración a millones de venezolanos.
Costear la transición
Asimismo se procurará «fortalecer las relaciones internacionales» y costear el «gobierno de transición» de Guaidó, dice el texto.
De acuerdo con Marquina, la ley permitiría disponer de cuentas bancarias particulares «congeladas a corruptos o violadores de derechos humanos», refiriéndose a sanciones individuales contra funcionarios del oficialismo.
Ya en noviembre de 2019, el Parlamento autorizó el uso de 3,5 millones de dólares de cuentas bajo control de Guaidó para la defensa «judicial y extrajudicial» del Estado en el exterior.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por Maduro desconoce todas las decisiones del Poder Legislativo desde que lo declaró en desacato en 2016, poco después de que la oposición tomara el control de la Cámara. El gobierno chavista tampoco reconoce a Guaidó como presidente del Parlamento.
El 5 de enero, con apoyo del chavismo, el diputado opositor Luis Parra se proclamó jefe del Congreso en una sesión sin verificación de quorum y sin Guaidó, quien calificó el hecho de «golpe de Estado parlamentario».
Los diputados opositores se reúnen desde entonces en sesiones callejeras, sin poder entrar al Palacio Legislativo.
