Durante el primer semestre de 2022 se documentó cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos, denuncia Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
A pesar de observarse una disminución en el número de agresiones en el primer semestre de este año, los riesgos se mantienen en un nivel alto para el movimiento de derechos humanos. Las amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización siguen ocurriendo y son graves, advierte la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
«En la medida en que no se tomen correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno y libre y mientras permanezcan vigentes las limitaciones legales a las actividades de promoción defensa y exigencia de derechos humanos, así como la criminalización de las mismas seguirá siendo un riesgo defender, promover y exigir derechos en el país», recoge el informe difundido a medios de comunicación nacionales e internacionales.
El movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil. Persisten las medidas legales y fácticas de índole autoritario que limitan y obstaculizan el trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.
Durante el semestre, fue constante la intención de asociar la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos con actividades delictivas, especialmente al terrorismo, la desestabilización y atentar contra la paz del país. El Estado retomó acciones para la aprobación de una Ley de Cooperación Internacional, con el fin de imponer mayores controles a la sociedad civil como parte de su Política de Criminalización, representando una nueva amenaza para las organizaciones.
No se han tomado acciones o correctivos ante las restricciones a las libertades fundamentales, por el contrario, se han perfeccionado los mecanismos de control. La tesis del Enemigo Interno fundamente la Política de Criminalización y a partir de ello se materializan distintos tipos de ataque en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción documentando, denunciando y difundiendo los abusos, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en el país.
Los 214 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
Al cierre del primer semestre del 2022 el CDJ continúo documentando la profundización de la Política de Criminalización en contra de la defensa de los derechos humanos en el país.
«Durante estos seis meses, quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos siguieron siendo calificados como enemigos internos que buscan desestabilizar la paz de la nación. Por ello se han empleado medidas y estrategias para neutralizar y obstaculizar su labor. En los últimos meses del período objeto de estudio, se agudizaron los patrones y modalidades de ataque en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos», señala la ONG.
Persistieron las campañas estigmatización y descrédito en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes fueron acusadas de trabajar en función de intereses extranjeros, de promover actividades injerencistas y de publicar información falsa sobre la situación de derechos humanos en el país.
Los actos de intimidación y hostigamiento en contra de personas y organizaciones defensoras aumentaron durante los últimos meses. A través de declaraciones públicas y de tácticas de inteligencia, las personas defensoras continuaron siendo objeto de agresiones que, además de generar temor, ponen en riesgo la vida e integridad de quienes defienden derechos humanos en el país.
«El Estado Venezolano mantiene una Política represiva, de criminalización y control social como parte de su carácter autoritario, esta sigue afectando gravemente la libre y plena operatividad de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, debido a las estrategias empleadas para la reducción del espacio cívico y democrático que afectan la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos».
CDJ exhorta al Estado venezolano a cesar de inmediato la criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos y dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en la materia. Es necesario un entorno propicio y seguro para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La Política de Criminalización debe cesar de forma inmediata. Los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización, agresión y amenazas deben investigarse; las leyes, mecanismos e instrumentos contrarios a la defensa y exigencia de derechos deben ser derogados y la institucionalidad y el Estado de Derecho deben ser restablecidos.
"Para mí el tema derechos humanos no tiene ideología ni bandera. Cuando yo sentí que en Venezuela los derechos humanos estaban en riesgo, pedí que en Naciones Unidas se investigue lo que estaba pasando. Y gracias a Dios que votamos de ese modo, porque las cosas en Venezuela mejoraron muchísimo y esas denuncias ya no existen", dijo Alberto Fernández en una entrevista en un canal de televisión
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